Cortesía D.R.A
El Consejo de Estado programó una audiencia pública virtual para el lunes 23 de febrero de 2026, a las 2:30 p. m., contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta López. La diligencia se enmarca en un proceso de pérdida de investidura por su presunta participación en el caso conocido como «tarimazo» en Medellín.
La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura Veinte del Consejo de Estado convocó la audiencia mediante la providencia con radicación 11001-03-15-000-2025-04157-00, firmada por el consejero Germán Eduardo Osorio Cifuentes. En ella, se revisarán pruebas relacionadas con el evento del 21 de junio de 2025 en la Plaza de la Alpujarra, en el Centro Administrativo de Medellín, donde figuras de alto perfil de estructuras criminales del Valle de Aburrá compartieron escenario con el presidente Gustavo Petro durante un acto público.
Entre los denunciantes figuran el concejal y presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, y William Francisco Quintero Villarreal. Ellos aseguran que la senadora Zuleta gestionó y firmó un oficio dirigido al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), desde su rol como coordinadora de la Mesa de Paz Urbana, solicitando la salida temporal de varios reclusos para participar en el acto. Esta gestión habría incurrido en extralimitación de funciones y posible tráfico de influencias, pues el traslado de estos presos de alta peligrosidad requería permiso judicial y no contaba con amparo en justicia transicional, según indican en la acusación.
Los reclusos mencionados incluyen a líderes como José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’, y Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias ‘Vallejo’, entre otros de alta peligrosidad y presencia en prisiones del Valle de Aburrá. Estos casos se documentan detalladamente en el expediente que acompaña el proceso.
El Consejo de Estado también ordenó recopilar nuevas pruebas, entre ellas los oficios dirigidos al Inpec respecto al documento firmado por la senadora y la consultarle a la Secretaría General del Senado sobre la hoja de vida de Zuleta. Igualmente pidió a la Presidencia de la República evidencias sobre actos administrativos de los años recientes relacionados con la instalación de Paz Urbana en la región.
“El llamado y la constancia de este acto no apoyado por la autoridad judicial nos pone contra las cuerdas,” afirmó Alejandro de Bedout en su cuenta pública al referirse al caso conocido como “Tarimazo”, señalando que podría costarle a la senadora su curul.
La decisión del Consejo de Estado será clave para determinar si las actuaciones de Zuleta configuran falta grave que conlleve a la pérdida de su investidura. A la par, el Ministerio Público busca constatar si clausuras o resoluciones del Ejecutivo sirvieron como aval para el evento. Por su parte, la defensa de la congresista ha mostrado reservación frente a las acusaciones. Su caso judicial avanza mientras la Corte Suprema evalúa otras denuncias vinculadas a obstrucción de funciones y tráfico de influencias en esta misma investigación.
La Alcaldía de Medellín y las entidades judiciales continúan atentas a las novedades processales, ya que el desarrollo de esta audiencia tendrá fuerte impacto en la política regional y en la percepción ciudadana sobre manejo estatal y delincuencia. Se aguarda la emisión del fallo con anticipación, mientras recomiendan la vigilancia sobre nuevas adhesiones del proceso.
