El Consejo de Estado suspendió de manera provisional los beneficios que mantenían sin órdenes de captura a siete cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá que participaban en los diálogos de paz urbana impulsados por el Gobierno Nacional.
La decisión fue adoptada este 20 de mayo mediante una medida cautelar de urgencia contra la Resolución 72 de 2026 de la Fiscalía General de la Nación, acto que había permitido levantar las capturas de varios jefes delincuenciales vinculados a las negociaciones.
La demanda fue presentada por la Gobernación de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que cuestionó la legalidad de la suspensión de las órdenes de captura y advirtió posibles riesgos para la seguridad y la justicia.
Sobre esto, se pronunció el mandatario:
Con esta decisión, vuelven a quedar activas las órdenes de captura contra alias Albert, Mundo Malo, Naranjo, El Montañero, Clemente, El Abogado y Perica, señalados cabecillas de estructuras criminales de alto impacto en Medellín y el Valle de Aburrá.
El alto tribunal concluyó que la Fiscalía no realizó una valoración individual suficiente para justificar el beneficio y recordó que este tipo de decisiones no pueden tomarse de forma generalizada ni automática.
Uno de los argumentos más fuertes del Consejo de Estado fue el posible riesgo de fuga internacional. Según la providencia, varios de los beneficiados podían movilizarse incluso por Rionegro, donde está ubicado el aeropuerto José María Córdova, y solo dos tenían restricciones formales para salir del país.
“El Despacho considera que existe un notorio riesgo de fuga internacional”, señala el fallo judicial.
La decisión representa un nuevo golpe al proceso de paz urbana en Medellín y revive el debate sobre los alcances jurídicos de los beneficios otorgados a cabecillas criminales dentro de los acercamientos promovidos en la mesa de diálogos de paz por el Gobierno Nacional.
