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La Corte Suprema avanza en investigación por presuntas irregularidades en la campaña al Senado de Álvaro Uribe en 2018
En enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia inició una nueva fase de investigaciones por posibles irregularidades en la financiación de la campaña al Senado de Álvaro Uribe Vélez en 2018, citando 31 testigos en el proceso, entre ellos exjefes paramilitares. La acción está a cargo del magistrado César Reyes y busca esclarecer, entre otros puntos, un aporte irregular por 20 millones de pesos y la relación con la empresa Llanera de Aviación, vinculada a un vuelo facilitado durante la campaña.
Este proceso judicial incluye declaraciones de Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, y otros exjefes de estructuras ilegales, además de un piloto investigado por supuestos nexos con el narcotráfico. La investigación se concentra en determinar si existieron fondos ilícitos, respecto a acciones cometidas en la organización y el financiamiento de la campaña de Uribe, cabezado foráneo del Centro Democrático. La relación con el vuelo ofrecido por la aerolínea es uno de los aspectos probados en medio del conflicto.
«Estamos en la etapa de escuchar alrededor de 31 testimonios clave para esclarecer los hechos. Se busca determinar posibles irregularidades y actitudes que le hagan frente a las acciones legales», afirmó César Reyes, magistrado de la Corte Suprema. El funcionario reiteró el compromiso judicial para esclarecer los hechos sin distinción de nombres ni política, para garantizar la justicia.
La Corte expidió la resolución realmente en Bogotá donde aseguraron que el expediente puede avanzar hacia casación dada la reciente absolución en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá, que fue recurrida. La defensa de Uribe manifestó que el caso responde a una persecución política y recusó al magistrado por pérdida de objetividad a la luz lates procesos abiertos desde 2020 relacionados con daño al debido proceso.
La pesquisa se encuentra en desarrollo ante denuncias de aportes infra-declarados y presuntos servicios no acreditados vinculados a la campaña del 2018. Este caso tomó mayor movimiento tras alta repercusión pública ante un posible aporte irregular confirmado en documentos y testimonios. Con la participación parcial de voces judiciales consideradas en la actualidad, este procedimiento podría cambiar rumbo según nuevas evidencias y vinculación definitiva.
La Cajidla Suprema ratificó que seguirá vigilando todos los procesos vinculados de manera solemne y exhaustiva. La comunidad y entidades involucradas hacen un llamado a la transparencia para resolver con claridad la pesquisa y mitigar cualquier conflicto adicional relacionado. Se mantiene abierta la expectativa por los futuros días para cita definitiva y análisis del panorama.
