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Decreto de emergencia y nuevo impuesto genera choque entre Petro y gobernador Rendón en Antioquia
En los primeros días de 2026, el Decreto 1474 que establece la Emergencia Económica a nivel nacional y eleva el IVA sobre licores y cigarrillos del 5 al 19 por ciento desató un fuerte enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. La medida, que entró en vigencia el 1 de enero de 2026, busca recaudar más de 11 billones de pesos para reducir el déficit fiscal.
Solo en Antioquia, Rendón anunció el 15 de enero que no acatará el decreto, amparado en la denominada «excepción de inconstitucionalidad» consagrada en el artículo 4 de la Constitución Política. El gobernador expuso que esta reforma tributaria afecta la autonomía fiscal del departamento y causará pérdidas de hasta 200.000 millones de pesos para proyectos sociales, como la construcción de viviendas para 12.000 familias, debido al aumento del IVA que pasará a un 19 por ciento para aguardientes de alto consumo en la región.
El presidente Petro respondió que Rendón no pretende simplemente ajustar el impuesto sobre el alcohol, sino que busca bloquear la reforma tributaria completa para proteger intereses del Grupo Empresarial Antioqueño. Desde su cuenta en redes, resaltó que está en juego la implementación de impuestos progresivos y criticó a los opositores por defender «los privilegios de los ricos», sosteniendo que el nuevo impuesto es clave para sanear deudas en salud y compromisos internacionales.
El gobernador replicó señalando que esta reforma exprés, catalogada como «decretazo militante», pasa por encima del Congreso y deteriora las finanzas regionales discretamente, advirtiendo que los gobernadores están en todo su derecho de presentar demandas para proteger la autonomía tributaria, usando la excepción de inconstitucionalidad como mecanismo constitucional.
Con los nuevos impuestos, los precios al consumidor sufrirán incrementos considerables. Un aguardiente Amarillo de Manzanares subirá de 49.700 a 71.100 pesos; un Ron Viejo de Caldas aumentará de 54.500 a 84.600 pesos; y una cajetilla de cigarrillos podría pasar de 4.000 a más de 11.000 pesos en impuestos. La industria licorera, que representa el 1,5 % del PIB regional y genera cerca de 200.000 empleos, advierte que tales cambios pueden aumentar el contrabando y la circulación de licor adulterado, cuya cuota ilegal ya alcanza un 24 por ciento del mercado en la región.
Este conflicto se suma a diferencia previas entre Petro y Rendón desde 2024, en temas como infraestructura vial, seguridad y educación superior. Además, el rechazo al decreto une a por lo menos otros 17 gobernadores que coinciden en realizar audiencias ante la Corte Constitucional para pedir su suspensión mientras se define nada ruido soporta este tema. El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, calificó la oposición como un «exabrupto jurídico» e indicó que el Gobierno evalúa acciones legales para garantizar la vigencia de la norma.
Las autoridades insisten en la necesidad de cumplir con la reforma para aliviar las finanzas nacionales y atender compromisos prioritarios, mientras que los gobernadores llaman a preservar la autonomía fiscal y retrasar la ejecución hasta que se revisen los efectos sobre sectores productivos y consumidores en todo el país.
