# De la Espriella inicia su gobierno con ofensiva de seguridad y aplaza la “motosierra” fiscal
A un mes de asumir la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella consolidó un giro hacia una política de seguridad de mano dura, inspirada en el modelo de Nayib Bukele, mientras aplazó la aplicación de los recortes drásticos al Estado que prometió durante la campaña. Su gobierno cerró las mesas de paz, ordenó operaciones militares contra grupos armados, reactivó la aspersión aérea de cultivos ilícitos y presentó un presupuesto expansivo para 2027.
De acuerdo con cifras divulgadas por la Presidencia hasta el 6 de septiembre, las autoridades reportaron 14.914 capturas, casi 50.000 kilos de estupefacientes incautados y más de 1.300 hectáreas de coca erradicadas. Las operaciones se concentran en zonas del país con presencia de organizaciones criminales, economías ilegales y cultivos ilícitos.
De la Espriella, quien asumió el cargo el 7 de agosto de 2026, sostiene que la negociación con los grupos armados fracasó y que la respuesta debe centrarse en la confrontación directa. Su estrategia incluye la creación de bloques de búsqueda contra la extorsión y la corrupción, el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la Policía y la construcción de megacárceles bajo un esquema similar al aplicado en El Salvador.
El mandatario también ha defendido un proyecto político denominado “Patria Milagro”, con el que busca reducir el tamaño del Estado y desregular la economía. Sin embargo, durante su primer mes de gobierno la prioridad fiscal no ha sido la reducción inmediata del gasto, sino la atención de la crisis de salud, la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto y otras obligaciones del aparato estatal.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quedó encargado de defender un presupuesto de 634,9 billones de pesos para 2027 y un recorte más moderado del gasto de 2026. El ajuste estructural prometido por el Ejecutivo quedaría para un futuro proyecto de ley, cuyos detalles aún no han sido presentados.
Analistas advierten que todavía es prematuro establecer si el cambio de orientación producirá mejoras sostenidas en seguridad o una ejecución más eficiente del gasto público.
