El presidente Abelardo de la Espriella encabezó esta semana operativos militares y policiales contra estructuras criminales en Santa Marta y Cali, en respuesta a hechos de violencia atribuidos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca, y a redes vinculadas con el narcotráfico, la extorsión y el control territorial. Las autoridades reportaron siete presuntos integrantes muertos, tres capturas, decenas de órdenes judiciales y más de un centenar de allanamientos, aunque los balances definitivos aún deben ser confirmados oficialmente.
La ofensiva comenzó el 21 de septiembre de 2026, hora colombiana, en una zona rural de Santa Marta. De acuerdo con reportes citados por medios internacionales, siete miembros de Los Pachenca murieron y otros tres fueron capturados. Entre los fallecidos estaría José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, señalado como segundo cabecilla de esa organización.
Tras el operativo, el grupo ilegal habría promovido un paro armado y ataques contra vehículos, comercios y transportadores en Santa Marta y otros municipios del Caribe. El 22 de septiembre, De la Espriella se desplazó a la ciudad y encabezó un consejo extraordinario de seguridad. El Gobierno ordenó reforzar la presencia de la Fuerza Pública con más de 1.500 uniformados adicionales, además de patrullajes urbanos.
La segunda fase de la ofensiva se desarrolló el 24 de septiembre en Cali, con la denominada Operación Iron. La Policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía intervinieron seis comunas, 15 barrios y 24 microterritorios, principalmente en sectores del centro de la ciudad.
Según el balance publicado por la revista Semana, fueron expedidas 83 órdenes de captura y realizadas 101 diligencias de registro y allanamiento. Durante los procedimientos se incautaron armas, drogas y mercancía ilegal. Associated Press informó que en el despliegue participaron más de 1.200 uniformados.
El Gobierno sostuvo que las operaciones buscan recuperar el control territorial, afectar las finanzas de las organizaciones criminales y desarticular sus redes logísticas. Sin embargo, la Fiscalía, la Policía y las autoridades locales deberán precisar los resultados judiciales, la identidad de los capturados y la situación de seguridad posterior en ambas ciudades.
