Foto realizada con inteligencia artificial como representación
Retiro de siete fiscales antioqueños genera cuestionamientos sobre lucha contra el crimen organizado
Siete fiscales especializados que atendían investigaciones contra estructuras del crimen organizado en Medellín y el Valle de Aburrá fueron retirados y trasladados recientemente, según denunció públicamente la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, quien pidió explicaciones a la Fiscalía General de la Nación por posibles afectaciones a procesos contra bandas como los GDO, los GDCO y el Clan del Golfo.
El movimiento de los funcionarios se conoce en la última semana en medio de señalamientos sobre el traslado de los siete fiscales —cupados de investigaciones clave— a una nueva dependencia del Gaula, lo que hasta ahora representa una reducción significativa de la carga inicial, mientras los expedientes en curso quedaron en manos apenas de cuatro fiscales restantes, quienes además deben coordinar procesos en otras subregiones de Antioquia.
Según informes disponibles y registros oficiales, la Fiscalía ordenó la reubicación de los funcionarios en medio de varias medidas recientes, incluyendo la Resolución 0072 del 27 de marzo, por la que se había suspendido la captura de 23 integrantes de estructuras enemigas como parte de una estrategia de diálogo y paz, normativa que fue parcialmente revertida al restablecer 16 órdenes de captura; sin pronunciamiento oficial nueva, la Fiscalía no ha dado razones públicas sobre cambios internos, funciones ni riesgos.
Este hecho ocurre en un periodo de intensos debates sobre las políticas frente al crimen estructural y grupos armados ilegales en Medellín, marco en que esas vacantes generan dudas legales sobre la continuidad y la presión judicial en la lucha regional para la reducción de actividades criminales. Hasta ahora no hubo reporte oficial sobre cifras ni sobre el impacto en los procesos investigativos.
