El Departamento de Seguridad Nacional limita las visitas congresionales a instalaciones de ICE en Minneapolis tras un tiroteo fatal
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos estableció desde el jueves 8 de enero de 2026 una nueva política que requiere a los miembros del Congreso notificar con una semana de antelación las visitas a centros de detención de Inmigración y Aduanas (ICE). Esta medida aplica inicialmente en una instalación de Minneapolis, Minnesota, un día después de que un agente de ICE causara la muerte de una mujer local en un tiroteo.
El cambio impide las visitas sin aviso previo y condiciona cualquier excepción a la aprobación de la secretaria de DHS, Kristi Noem. Según indicó, esta regla busca proteger la seguridad de los legisladores, el personal y los detenidos, además de evitar interrupciones que distraen a los agentes de su labor. El incidente que motivó estas medidas ocurrió el miércoles 7 de enero, cuando una agente de ICE disparó y mató a Renee Nicole Good, madre de Minnesota; las autoridades federales califican el hecho como defensa propia, aunque la comunidad y sus representantes locales lo rechazan categóricamente. Tres legisladoras demócratas, Ilhan Omar, Angie Craig y Kelly Morrison, fueron recientemente expulsadas de un centro de detención federal en Minneapolis cuando intentaron ingresar sin cumplir los nuevos requisitos.
Este protocolo es impulsado por la secretaria Noem y su subsecretaria Tricia McLaughlin, quienes insistieron en que la seguridad y un ambiente operativo adecuado justifican la medida. Por su parte, las congresistas protestaron, calificando la restricción como un impedimento al recurso constitucional de supervisar las actividades de ICE. Omar resaltó que “el público tiene derecho a saber qué sucede dentro de estos centros”, mientras Morrison afirmó que Minnesota vive días de luto y temor por lo ocurrido.
El foco de esta restricción es la ciudad de Minneapolis, donde en 2025 hubo un aumento notable de detenciones, potenciado por la llegada de 2.000 agentes federales. Esto motivó un alza también en las solicitudes de visitas por parte del Congreso. Un juez federal en Washington bloqueó anteriormente una norma similar, basada en una ley que prohíbe limitar el acceso a centros con tecnología de vigilancia cuando no haya aviso adecuado, dado que las situaciones dentro de estas instalaciones pueden cambiar con rapidez.
La secretaria Noem sostiene que esta nueva regulación es necesaria debido a que las visitas sin aviso han generado “caos emocional” y respaldó su aplicación bajo el uso de fondos provenientes del acta revelada el verano pasado, conocida como One Big Beautiful Bill Act, específica para financiar detenciones y deportaciones. Algo que congresistas demócratas critican como una retaliación política. Rechazan la medida e hicieron un llamado para detener operaciones en Minnesota y realizar una investigación exhaustiva sobre el fallecimiento ocurrido en enero.
La política queda activa mediante un memorando oficial del 8 de enero y traducida en actos concretos como la negación de ingreso al centro de ICE en Fort Snelling, Minneapolis, donde varios agentes invocaron la nueva norma para bloquear el paso a representantes del Congreso. Similar a prácticas que existían antes de 2025, pero en contradicción con derechos congresionales, la restrictiva norma fue calificada por políticos como Joe Neguse como un “intento evidente de evadir la justicia”. El DHS continúa afirmando que la medida está alineada con el cumplimiento de normas federales vigentes en el país.
La comunidad exige atención a esta crisis y se espera que autoridades y legisladores mantengan el diálogo, mientras esta política limita la inspección directa a numerosas instalaciones que permanecen bajo escrutinio.
