El Gobierno de Abelardo De La Espriella comenzó a revisar la contratación y las plantas de personal de las entidades públicas para preparar el anunciado recorte del Estado. Sin embargo, las cifras muestran que la mayoría de quienes trabajan para la Nación no son funcionarios de escritorio que el presidente pueda retirar libremente.

Colombia registra 1.422.061 servidores públicos, según datos de Función Pública con corte de 2026. De ellos, 957.359 pertenecen a la Rama Ejecutiva del orden nacional, cerca de dos terceras partes del total. Este es el universo sobre el cual el Gobierno tiene mayor capacidad de intervención, aunque tampoco puede disponer libremente de todos sus cargos.

La composición de esa nómina revela el primer límite del “tijeretazo”: 417.013 son integrantes de la Fuerza Pública y 338.623 son docentes. Entre ambos grupos reúnen cerca del 79 % de los servidores vinculados al Ejecutivo nacional. Los restantes 201.723 están clasificados como empleados públicos.

Recortar masivamente a militares y policías resultaría contradictorio con la política de fortalecimiento de la seguridad anunciada por el propio presidente. Reducir docentes también podría afectar la cobertura educativa, especialmente en territorios rurales y municipios donde ya existen dificultades para garantizar profesores suficientes.

Además, pertenecer a la Rama Ejecutiva no significa que un trabajador pueda ser despedido por decisión presidencial. Los funcionarios de carrera administrativa están protegidos por el principio del mérito y solo pueden ser retirados por las causas establecidas en la ley. Cuando un cargo de carrera es eliminado, su titular puede tener derecho a ser reincorporado o indemnizado.

El Ejecutivo sí tiene mayor margen frente a cargos de libre nombramiento y remoción, puestos provisionales, entidades que puedan reestructurarse y contratos de prestación de servicios. Estos últimos no forman parte de los 1,4 millones de servidores públicos, pues jurídicamente los contratistas no son empleados del Estado. Por eso, una revisión de contratos puede reducir gastos sin que esa disminución aparezca como un recorte de la planta oficial.

Otra parte considerable de la nómina tampoco depende directamente del presidente. En las entidades territoriales trabajan 303.952 servidores; en la Rama Judicial, 65.829; en organismos autónomos, 61.389; y en órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría, 23.973. También existen 4.332 empleados en la organización electoral, 3.198 en el Congreso y 2.029 en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

De La Espriella ha planteado reducir ministerios, eliminar duplicidades y trasladar funciones a gobernaciones y alcaldías. Pero una reforma de esa magnitud no depende únicamente de una orden presidencial: algunos cambios requerirán autorización del Congreso, estudios técnicos, modificaciones presupuestales y recursos para pagar indemnizaciones.

El Gobierno todavía no ha informado cuántos empleos pretende eliminar, cuáles entidades serían intervenidas ni cuánto dinero espera ahorrar. Hasta ahora ordenó revisar la contratación y anunció el cierre o la fusión de varias misiones diplomáticas. El verdadero tamaño del recorte solo podrá medirse cuando presente una lista concreta de cargos, contratos y entidades, y demuestre que el ahorro no terminará debilitando la seguridad, la educación o la atención de los ciudadanos.