Seis personas serán llevadas a juicio por las presuntas irregularidades que rodearon un contrato de más de US$32 millones destinado al mantenimiento de 19 helicópteros MI-17 del Ejército. Entre los acusados están un exviceministro de Defensa, otros antiguos funcionarios, un coronel retirado y dos empresarios vinculados a la compañía estadounidense que recibió el negocio.
El contrato 012 fue firmado el 31 de diciembre de 2024 entre el Ministerio de Defensa y Vertol Systems Company. Su finalidad era reparar las aeronaves y suministrar los repuestos necesarios para mantenerlas operativas. La Fiscalía sostiene que el proceso habría sido direccionado para favorecer a esa empresa, pese a las advertencias sobre su experiencia y capacidad técnica, jurídica y financiera.
El principal señalado es Luis Edmundo Suárez Soto, entonces viceministro para la Estrategia y Planeación. Según la acusación, habría utilizado su jerarquía para ordenar que el negocio se tramitara mediante contratación directa reservada, aunque no tenía competencia para ordenar el gasto. La Fiscalía lo identifica como presunto articulador del proceso.
También fue acusado Hugo Alejandro Mora Tamayo, exsecretario general del Ministerio de Defensa, quien habría firmado la minuta contractual pese a conocer los cuestionamientos contra la empresa. Herbert Arnulfo Buitrago Galán, antiguo director de Logística, habría impartido instrucciones, facilitado información y participado como traductor en las comunicaciones con los particulares.
El coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, excomandante de la Brigada de Aviación número 32 y gerente del proyecto, habría concedido plazos excepcionales y reducido exigencias documentales para permitir la participación de Vertol. Rincón y los demás procesados podrán controvertir esta versión durante el juicio.
Los dos particulares acusados son James Lester Montgomerie, presidente de Vertol Systems Company, y Carlos Martín Uribe Forero, propietario de MI Series Personnel & Parts. De acuerdo con la Fiscalía, ambos habrían intervenido en reuniones y decisiones relacionadas con la estructuración del contrato y con el cambio de la modalidad de pago.
El negocio había sido diseñado inicialmente para pagar contra la entrega de los trabajos. Sin embargo, posteriormente se autorizó un anticipo del 50 %, equivalente a US$16,2 millones. La Fiscalía afirma que la compañía únicamente acreditó actividades por cerca de US$2,6 millones y que, para julio de 2025, la ejecución apenas llegaba al 8 %.
El Ministerio de Defensa declaró el incumplimiento en noviembre de 2025 y activó la póliza contractual. Aunque la aseguradora reconoció recursos por cerca de US$22 millones, el ente acusador sostiene que el dinero entregado como anticipo no fue reintegrado directamente por el contratista. Estas cifras no permiten afirmar todavía cuál fue el detrimento definitivo, asunto que deberá establecerse en el proceso.
Suárez ha cuestionado la tesis de la Fiscalía y ha sostenido que la evaluación técnica correspondía al Ejército, propietario de las aeronaves. Los demás acusados también tendrán la oportunidad de presentar sus defensas. Ninguno aceptó los cargos durante las imputaciones y todos conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia en firme.
La consecuencia del contrato va más allá del dinero. Los MI-17 son utilizados para transportar tropas, abastecer zonas apartadas y apoyar operaciones militares y humanitarias. Más de la mitad de la flota habría permanecido fuera de servicio mientras el mantenimiento seguía pendiente. Ahora será un juez quien determine si existió un acuerdo ilegal o si las decisiones cuestionadas pueden explicarse dentro de la gestión contractual.
