El uso de drones cargados con explosivos se consolidó en 2026 como una de las principales amenazas contra la Fuerza Pública y las comunidades ubicadas en zonas de conflicto en Colombia. Entre enero y mayo se registraron 121 ataques con estos dispositivos, que dejaron 21 personas muertas y 145 heridas, de acuerdo con cifras citadas por la Defensoría del Pueblo y el Servicio de Acción contra las Minas de Naciones Unidas (UNMAS).

Uno de los hechos más recientes ocurrió la noche del 4 de septiembre de 2026, en Ocaña, Norte de Santander. Drones con explosivos atacaron el Cantón Militar El Trapiche y el Batallón de Infantería N.° 15 General Francisco de Paula Santander. El Ministerio de Defensa reportó inicialmente dos militares muertos y cinco heridos, pero posteriormente confirmó que el saldo de uniformados fallecidos ascendió a tres.

La ofensiva también afectó una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana y coincidió con un ataque contra la estación de Policía de Guamalito, en el municipio de El Carmen. Las autoridades atribuyeron los hechos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización a la que señalan, junto con disidencias de las FARC, de emplear drones comerciales modificados y aeronaves FPV, controladas mediante cámaras en primera persona.

Estos dispositivos son utilizados para labores de vigilancia e intimidación, así como para lanzar granadas o activar cargas explosivas contra instalaciones militares y policiales. La Defensoría ha advertido que los ataques también han impactado viviendas, infraestructura comunitaria y bienes civiles, principalmente en Antioquia, Nariño, Cauca y Norte de Santander.

La amenaza ha crecido con rapidez. UNMAS reportó 333 ataques con drones armados durante 2025, frente a 61 registrados en 2024, un aumento del 445 por ciento. Ante este escenario, el Estado ha adquirido y desarrollado sistemas contra aeronaves no tripuladas, aunque persisten dudas sobre su despliegue y efectividad operativa.

El Gobierno anunció el fortalecimiento de las operaciones militares y policiales en el Catatumbo para ubicar a los responsables y proteger a la población. Expertos consideran necesario complementar los sistemas antidrones con entrenamiento especializado, inteligencia y una política nacional que permita anticipar el uso criminal de estas tecnologías.