📸 Cortesía: Centro Democrático / Julio César Herrera – El Colombiano
El Centro Democrático denunció interceptaciones telefónicas al gobernador de Antioquia
En las últimas horas, el Centro Democrático denunció un caso de persecución política tras confirmarse la interceptación de las comunicaciones del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, durante 71 días por parte de la Fiscalía General de la Nación. Estos hechos están relacionados con una investigación por presuntas irregularidades en contratos de su gestión como alcalde de Rionegro.
Las escuchas telefónicas, realizadas entre el 14 de mayo y el 23 de julio de 2024, afectaron no solo al gobernador, sino también a nueve personas más, entre ellas la secretaria general de la Gobernación y exfuncionarios municipales. La Fiscalía indaga posibles anomalías en la construcción de dos Centros de Atención Inmediata (CAI) de Policía en Rionegro, que habrían generado un detrimento patrimonial superior a 1.200 millones de pesos, vinculado a irregularidades en los terrenos y la falta de aval técnico.
“Estas interceptaciones constituyen un intento para amordazar a la oposición y ponen en evidencia el uso indebido de las instituciones judiciales como herramientas de intimidación política”, afirmó un portavoz del Centro Democrático. La controversia aumentó cuando la magistrada Marcela Márquez Rodríguez del Tribunal Superior de Bogotá rechazó inicialmente la legalización de las escuchas por considerarlas “desproporcionadas” y sin justificación probatoria suficiente. Sin embargo, tras la impugnación de la Fiscalía, una sala de decisión del mismo tribunal avaló la medida.
Por su parte, el gobernador Rendón calificó esta actuación como un “abuso de poder” y un “atentado contra la privacidad”. Hizo un llamado para respetar las garantías constitucionales y solicitó que las investigaciones se adelanten sin afectaciones políticas.
Ante esta emergencia, se espera que las autoridades competentes mantengan rigurosidad en el proceso y que la comunidad permanezca atenta a las decisiones judiciales que definan el curso de la investigación. La Gobernación y el Centro Democrático solicitaron transparencia y respeto por el debido proceso en los siguientes pasos legales.
