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Magistrada Paola Meneses se declara impedida en caso sobre nuevo impuesto a hidrocarburos
La magistrada de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera, se apartó del estudio del decreto 1474 de 2025, que establece un impuesto sobre la primera venta y exportación de hidrocarburos, debido al cargo que tiene su esposo en Ecopetrol, principal empresa afectada por esta normativa. La Sala Plena del tribunal en Bogotá decidirá si acepta este impedimento alegado en las próximas sesiones.
El decreto, aprobado el 29 de diciembre de 2025 dentro de la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional, grava a los contribuyentes cuya renta líquida ordinaria superó 50.000 UVT en el año anterior. Además del petróleo crudo, carga como el carbón queda incluida en el tributo. En este contexto, Luis Fernando Lozano, esposo de Meneses, ocupa la jefatura jurídica administrativa en Ecopetrol y asesora en temas tributarios que la decisión judicial podría afectar.
En su solicitud, Meneses invoca el artículo 141 del Código General del Proceso, que obliga a declararse impedido cuando exista un interés directo en la materia en estudio, para evitar ´“que la interpretación tenga efecto en la gestión jurídica y financiera de Ecopetrol”, explica. Según trascendió, el expediente está bajo resguardo del magistrado ponente Juan Carlos Cortés González, en espera de una vela ante la Sala Plena con nueve magistrados.
Casos anteriores muestran cómo este impedimento enfrenta revisión estricta. Enero pasado, la Corte rechazó otro impedimento de Meneses por vínculos familiares en asunto contra Ecopetrol, y semanas después sí lo acogió en una tutela. Estos movimientos acontecen en medio de señaladas inquietudes sobre la constitucionalidad del decreto y de propuestas de Cortés para suspender parcialmente algunos impuestos, como el IVA al 19% en bebidas alcohólicas y apuestas en línea.
Se estima que el tribunal emitirá pronunciamiento pronto, mientras se monitorea la respuesta paralela que dará la Comisión sobre la emergencia económica y que ha generado opiniones dispares entre expertos y gremios del país. La Alcaldía de Bogotá y demás sectores civiles mantienen vigilancia alerta sobre la resolución, por su posible impacto económico y social.
