El senador cuestionó la adquisición de predios en Antioquia, Meta, Casanare y Bolívar, así como contratos de logística y comunicaciones. Felipe Harman negó que la Agencia Nacional de Tierras hubiera comprado uno de los terrenos señalados en Restrepo, Meta.
El senador Enrique Gómez Martínez denunció presuntas irregularidades en la compra de tierras y la contratación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) durante la administración de Gustavo Petro. Los señalamientos fueron expuestos en una sesión plenaria del Senado el 13 de octubre de 2026 e incluyen cuestionamientos sobre la destinación de algunos predios y el uso de recursos públicos en contratos logísticos y de comunicaciones.
Según el congresista, algunas propiedades vinculadas a la reforma agraria tendrían características urbanísticas, turísticas, comerciales o industriales que, a su juicio, pondrían en duda su aptitud para los fines agrícolas de la política de acceso a tierras.
Sin embargo, las cifras y acusaciones presentadas por el senador deben contrastarse con los contratos, los avalúos, los documentos de propiedad y las actuaciones de los organismos de control. Los señalamientos, por sí solos, no demuestran la existencia de delitos ni de un detrimento patrimonial.
La Virgen del Cobre, uno de los predios cuestionados
Uno de los terrenos mencionados por Gómez es la hacienda La Virgen del Cobre, ubicada en Necoclí, Antioquia. El senador sostuvo que la propiedad habría sido adquirida por cerca de 18.000 millones de pesos y que una parte tendría posibilidades de desarrollo urbano, vivienda campestre y turismo.
De acuerdo con las cifras expuestas en la denuncia, unas 150 hectáreas estarían en una zona de expansión urbana y otras 80 tendrían potencial turístico. La información divulgada también menciona una extensión superior a las 800 hectáreas.
No obstante, existen antecedentes públicos que permiten contextualizar el caso. En enero de 2026, medios de comunicación informaron que la ANT entregó más de 1.100 hectáreas de la hacienda a 120 familias del Urabá antioqueño, en medio de controversias por la selección de los beneficiarios y las condiciones del proceso.
La diferencia entre las extensiones reportadas debe aclararse mediante los documentos oficiales del predio y de la operación. Además, la posibilidad de desarrollar actividades turísticas o residenciales en una parte de un terreno no demuestra, por sí sola, que toda la propiedad carezca de aptitud agropecuaria o que su adquisición haya sido ilegal.
La controversia por un predio en Restrepo, Meta
Otro de los casos señalados por Gómez corresponde a un terreno en Restrepo, Meta. El congresista afirmó que estaría clasificado como suelo suburbano, condición que permitiría determinados usos residenciales, campestres o recreativos. También cuestionó una operación relacionada con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y mencionó un valor aproximado de 471 millones de pesos por hectárea.
Sin embargo, el exdirector de la ANT Felipe Harman negó que la entidad hubiera adquirido ese predio. En una respuesta pública, aseguró que la Agencia desistió de la operación en marzo de 2026 porque el terreno no tenía vocación agrícola.
Esta contradicción es fundamental para establecer qué ocurrió. Para determinar si hubo una compra, una negociación inconclusa o un convenio que no llegó a ejecutarse, es necesario revisar los documentos de la operación, los registros presupuestales y los certificados de tradición del inmueble.
Por tanto, no es correcto presentar el terreno como una compra consumada sin verificar primero la documentación que respalde la transacción.
Cuestionamientos a terrenos en Casanare y Cartagena
El senador también mencionó un predio de 140,7 hectáreas en Maní, Casanare, que, según su exposición, estaría dedicado en más del 90 % al cultivo de palma de aceite y tendría zonas inundables en el área restante.
Gómez cuestionó igualmente la adquisición de terrenos en Cartagena, Bolívar, que, según afirmó, tendrían potencial industrial, comercial, residencial y turístico y estarían ubicados en un sector relacionado con la proyección de infraestructura aeroportuaria.
Para evaluar estos señalamientos se requiere conocer la identificación catastral de cada inmueble, su situación jurídica, el precio pagado, el avalúo comercial y los estudios técnicos que determinaron su viabilidad para la reforma agraria. La clasificación del suelo y los usos permitidos deben contrastarse con los instrumentos de ordenamiento territorial de cada municipio.
En el caso de Maní, también sería necesario establecer si el cultivo de palma corresponde al uso actual del terreno, a la totalidad de la superficie o a una parte del predio, y cómo se evaluó su productividad al momento de la eventual adquisición.
La Contraloría ya había advertido dificultades técnicas en compras de tierras
Los cuestionamientos se producen en un contexto en el que la ANT ha reconocido públicamente dificultades en algunos procesos de adquisición de predios.
En febrero de 2025, la entidad informó sobre una actuación especial de fiscalización de la Contraloría General de la República relacionada con procesos de compra directa y adjudicación de tierras entre 2022 y abril de 2024. Según el balance publicado por la Agencia, la revisión identificó limitaciones en las herramientas de análisis utilizadas para evaluar el potencial agropecuario de algunos terrenos.
La ANT también explicó que, tras detectar problemas en determinados procesos, se revisaron adquisiciones y se evitó concluir algunas operaciones mientras se aclaraban las dificultades. Entre los casos mencionados por la entidad figuró el predio Cachorros, en Puerto Gaitán, Meta.
Este antecedente demuestra que han existido observaciones técnicas sobre procesos de compra de tierras. Sin embargo, no permite concluir que los predios señalados por Gómez en octubre de 2026 sean los mismos revisados por la Contraloría ni que las nuevas acusaciones estén comprobadas.
Gómez cuestiona contratos logísticos por más de $165.000 millones
La denuncia también incluyó contratos con operadores logísticos suscritos entre 2022 y 2026. Según las cifras presentadas por el senador, los recursos comprometidos en estos acuerdos sumarían $165.724 millones.
Gómez afirmó que los montos habrían aumentado un 1.345 % entre 2022 y 2023 y un 167 % entre 2025 y 2026, periodos que coinciden con procesos electorales territoriales y nacionales.
Para interpretar esos porcentajes es indispensable conocer los valores de referencia de cada año, determinar si se comparan contratos firmados, recursos comprometidos o pagos efectivamente realizados y establecer si las cifras corresponden a la misma categoría contractual. Un incremento porcentual, por sí solo, no demuestra que haya existido una irregularidad.
Uno de los acuerdos cuestionados es el contrato identificado por el senador como ANT-20268828 de 2026, por un valor de aproximadamente $5.817 millones. Según su denuncia, el operador habría realizado 27 eventos entre el 23 de julio y el 13 de agosto, y existirían inconsistencias en los soportes de alimentación, las facturas y los registros fotográficos.
El congresista aseguró que algunos documentos mostrarían consumos repetidos y fotografías reutilizadas para justificar actividades en distintos lugares o fechas. Estas afirmaciones requieren una revisión de los informes de supervisión, las facturas originales, los soportes de ejecución y las obligaciones establecidas en el contrato.
La información pública disponible consultada no permite confirmar de manera independiente que las inconsistencias denunciadas hayan sido declaradas irregulares por una autoridad competente.
Señalamientos por gastos en comunicaciones y prestación de servicios
Gómez afirmó, además, que la ANT habría destinado más de $56.000 millones a pauta publicitaria y suscrito 264 contratos de prestación de servicios por cerca de $11.000 millones, relacionados, según su exposición, con actividades de comunicaciones.
El senador cuestionó la cantidad de contratos y señaló que la estructura orgánica de la entidad no tendría una jefatura de prensa.
No obstante, la ausencia de una dependencia con ese nombre no demuestra automáticamente que los contratos sean ilegales. Para evaluar su pertinencia sería necesario conocer sus objetos, obligaciones, contratistas, duración, productos entregados y relación con las funciones de la Agencia. También debe establecerse si las cifras corresponden exclusivamente a comunicaciones o si incluyen otras actividades y periodos.
La ANT publica bases de datos de contratación y ejecución contractual en su portal de transparencia. Esos registros constituyen una fuente pertinente para contrastar los números presentados por el congresista y verificar los contratos específicos que menciona.
¿Qué falta por comprobar?
La denuncia de Enrique Gómez reúne cuestionamientos sobre la selección y compra de predios, la ejecución de contratos logísticos y los gastos de comunicaciones de la ANT. Para determinar si hubo irregularidades, se necesita contrastar cada señalamiento con documentación oficial.
Entre los aspectos que requieren verificación están:
- Las compras de tierras: escrituras, certificados de tradición, avalúos, estudios de aptitud agropecuaria y registros de pagos.
- El predio de Restrepo: documentos que permitan establecer si la operación se perfeccionó o si la ANT desistió de ella.
- Los contratos logísticos: informes de supervisión, facturas, fotografías originales, soportes de eventos y pagos efectuados.
- Los gastos de comunicaciones: relación de contratos, objetos, entregables y valores efectivamente ejecutados.
- Las actuaciones de control: eventuales hallazgos, indagaciones o investigaciones de la Contraloría, la Procuraduría o la Fiscalía.
Hasta que esa información sea contrastada, las acusaciones deben mantenerse atribuidas al senador y diferenciadas de los hechos documentados. La respuesta de Harman sobre el predio de Restrepo también debe incluirse en cualquier balance del caso.
La pregunta central es si las adquisiciones y los contratos cumplieron los requisitos técnicos, jurídicos y económicos correspondientes y si los recursos públicos se utilizaron de acuerdo con los fines establecidos. La respuesta depende de la revisión de los documentos y de las conclusiones que emitan las autoridades competentes.
Preguntas frecuentes
¿Qué denunció Enrique Gómez sobre la reforma agraria de Gustavo Petro?
El senador Enrique Gómez denunció presuntas irregularidades en la compra de predios y en contratos de logística y comunicaciones de la Agencia Nacional de Tierras. Cuestionó terrenos ubicados en Antioquia, Meta, Casanare y Bolívar por sus posibles usos urbanísticos, turísticos, comerciales o industriales.
¿La Agencia Nacional de Tierras compró el predio señalado en Restrepo, Meta?
Felipe Harman negó que la Agencia Nacional de Tierras hubiera comprado ese terreno. Según su respuesta, la entidad desistió de la operación en marzo de 2026 porque el predio no tenía vocación agrícola.
¿Las denuncias de Enrique Gómez demuestran que hubo delitos o detrimento patrimonial?
No necesariamente: la nota señala que las acusaciones deben contrastarse con contratos, avalúos, documentos de propiedad y actuaciones de los organismos de control. Los señalamientos, por sí solos, no prueban la existencia de delitos ni de un detrimento patrimonial.
