La crisis por el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño completa tres días consecutivos de alteraciones al orden público, con focos de violencia en municipios como Caucasia, Cáceres, El Bagre y Jardín.
Frente a este panorama, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita ubicar y judicializar a los responsables de los desmanes. De acuerdo con las autoridades, la mayoría de los señalados estarían concentrados en Caucasia.
Las protestas, que iniciaron el pasado 16 de marzo, han derivado en bloqueos, afectaciones a la movilidad y dificultades en el abastecimiento, generando preocupación entre la población y los sectores productivos de la región. Los transportadores de carga denuncian que en menos de 24 horas, se han incinerado 5 camiones y piden al Gobierno Nacional intervenir en la situación.
En medio de la tensión, este jueves se espera la reanudación de los diálogos entre el Gobierno nacional y los representantes del gremio minero, en un intento por destrabar la negociación de varios puntos aún pendientes del pliego de peticiones.
Uno de los temas centrales sigue siendo la intervención de la fuerza pública contra maquinaria utilizada en minería informal, asunto que ha sido determinante en la continuidad de las movilizaciones.
Desde la vocería minera han reiterado su disposición al diálogo, aunque insisten en la necesidad de contar con la presencia de altos funcionarios del Gobierno. Mientras tanto, anunciaron que las protestas continuarán con concentraciones y caravanas en diferentes puntos del territorio.
