Cortesía D.R.A
Ingreso no autorizado de camioneta del Inpec en fiesta vallenata ilegal dentro de cárcel de Itagüí
El caso de la fiesta vallenata no autorizada dentro de la cárcel La Paz en Itagüí, Antioquia, el pasado 8 de abril, escaló tras revelarse que una camioneta oficial, modelo Ford Ecosport y placas EPW410 adscrita al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ingresó junto a automóviles de alta gama durante el evento. Este hecho se suma a los disturbios por pérdida de control y filtración de civiles en el centro carcelario.
Según se constató mediante cámaras y operativos, al menos dos vehículos de lujo, una Toyota Land Cruiser 300 y una Mercedes-Benz en investigación, también accedieron al penal. En la inspección se decomisaron bebidas alcohólicas, droga, más de 62 neveras, electrodomésticos prohibidos, así como 11 estufas, ollas eléctricas y más de 100 latas de cerveza. Civiles de negro tomaron el control temporalmente en la portería facilitando el ingreso no regulado de personas y automotores. Informes legales citan en el operativo la presencia y uso previo del vehículo oficial departamento adscrito al Inpec.
Bajo iniciativa de las directivas nacionales se procedió con la destitución del entonces director del penal y apertura de investigación formal contra siete funcionarios, además de reclutar inspecciones especiales sobre el pabellón 1 de alta seguridad el mismo día del operativo. Se estableció relevo al personal vinculado con el turno donde persistió la fiesta y la habilitación de nuevas comprobaciones técnicas de la identidad mecánica y posible “gemeleo” en algunos vehículos privados involucrados según reportes.
La fiesta se inscribió en el contexto de negociaciones de la llamada “paz urbana” entre reclusos de alto impacto ligados a estructuras criminales y representantes del Gobierno nacional, procesos actualmente suspendidos por orden oficial. Se confirmó la existencia de rastreo de antecedentes de los propietarios de los vehículos vinculados y quedaron activos los actos administrativos y pesquisas judiciales correspondientes sin que se haya especificado nuevas cifras o conclusiones provisionales sobre implicados hasta el último reporte oficial disponible.
