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La Corte Constitucional suspende decreto de emergencia económica y genera respaldo nacional
En las últimas horas, la Corte Constitucional de Colombia suspendió provisionalmente el Decreto 1390 de 2025, que declaraba el estado de emergencia económica y social en todo el país, expedido por el Gobierno de Gustavo Petro el 22 de diciembre de 2025. La suspensión responde a una demanda presentada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y evitaría daños irreparables mientras se profiere la decisión de fondo.
La medida tomada el 29 de enero de 2026 contó con seis votos a favor y dos en contra. El decreto suspendido incluía impuestos como el IVA del 19% al tabaco, licores y apuestas en línea, un impuesto del 2,5% a las utilidades de generadoras de energía, y otros gravámenes para financiar un presupuesto estimado entre 11 y 16 billones de pesos en 2026 tras el rechazo de la reforma tributaria el año anterior. La suspensión afecta todos los decretos derivados que implementaban dichos cobros.
“Este decreto no cumple con los requisitos constitucionales de hechos graves, sobrevenidos e imprevisibles”, afirmó el magistrado Carlos Camargo, ponente del caso, citado en el comunicado oficial de la Corte. Los votos salvados correspondieron a los magistrados Héctor Carvajal y Vladimir Fernández, mientras que Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel aclararon su posición. Se mantiene así la suspensión hasta que se analice el fondo del asunto.
Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez destacó la decisión como un freno a una actuación que llamó “discrecional”. En su account oficial dijo, “la Corte toma una decisión histórica y suspende estos decretos. Defenderé siempre la legalidad y el equilibrio de poderes.” El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, respaldó la medida, viendo un triunfo para las regiones y la defensa de la autonomía fiscal. Recordó que Antioquia fue el primer departamento en declararse en desobediencia, sumando apoyo de cerca de 20 gobernadores.
Este es el tercer decreto de emergencia suspendido por la Corte contra el gobierno de Petro tras fallos en La Guajira y Norte de Santander-César. El presidente Petro cuestionó la decisión argumentando una ruptura del orden constitucional y señaló que esos recursos no pueden recaer en la población trabajadora. Gremios nacionales como la Andi y el Consejo Gremial valoraron la decisión por preservar el equilibrio institucional del país.
La Corte avanza ahora en el estudio del fondo del fallo, con posible pronunciamiento para febrero o marzo de 2026. Por el momento, no se devolverán los impuestos ya cobrados, pero queda suspendido el cobro de los nuevos gravámenes aunque esto agrave un déficit fiscal del Gobierno tras el rechazo en el Congreso.
La Alcaldía de Medellín considera seguir activa la vigilancia frente a futuras iniciativas similares y recomienda mantener el diálogo institucional para respetar modelos fiscales y constitucionales.
