📸 Cortesía: Unidad Nacional de Protección
La Fiscalía General de la Nación retiró la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por el presunto delito de prevaricato por omisión dentro del proceso por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El ente investigador argumentó que las pruebas recaudadas eran “muy precarias” y no permitían sustentar una responsabilidad penal.
La decisión significó un cambio de rumbo en la investigación, pues inicialmente una fiscal del caso había planteado imputar cargos por presuntas omisiones en el esquema de seguridad del dirigente político. Sin embargo, las directivas ordenaron retirar la solicitud para evitar duplicidad de investigaciones y actuaciones sin soporte probatorio sólido.
El caso ha reavivado el debate interno sobre la autonomía de los fiscales y la posible influencia de las altas directivas en procesos de alto impacto político. Aunque oficialmente se insiste en que existe independencia, fuentes internas han señalado tensiones frente a decisiones estratégicas dentro del ente acusador.
Tras el repliegue, la Fiscalía conformó un grupo especial para fortalecer la investigación del magnicidio ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá. En paralelo, cinco de los nueve procesados avanzan en preacuerdos que contemplan penas superiores a los 20 años de prisión, lo que acelera el proceso judicial.
Entre los implicados se encuentra alias ‘Gabriela’, quien aceptó cargos y pidió perdón públicamente. Las autoridades sostienen que la estructura criminal operaba desde una cárcel, coordinando homicidios y tráfico de drogas. La investigación también reveló la utilización de un menor de edad como sicario y la articulación logística desde el interior del penal.
