Presidencia de la República
El Gobierno no descarta “fuego amigo” en casos de espionaje contra altos funcionarios
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, confirmó que la administración Petro mantiene abierta la posibilidad de un “fuego amigo” en los recientes casos de espionaje denunciados por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Las investigaciones están en curso ante eventuales seguimientos contra estos altos funcionarios.
En menos de una semana se registraron dos incidentes. Rodríguez reportó el ingreso irregular de cinco personas a la vivienda de sus padres, quienes actuaron con precisión y sin retirar objetos de valor, apenas documentos personales. Para Idárraga, este grado de la acción “es muy sofisticado para creer que fue un robo común”. Por su parte, Benedetti reveló que su celular habría sido espía con el software Pegasus, reconocido por su capacidad para acceder secretamente a mensajes, llamadas y micrófonos sin dejar rastros visibles.
El caso genera dudas sobre la existencia y control del programa Pegasus en Colombia. Mientras autoridades afirmaron que este software fue desactivado en administraciones pasadas, Idárraga manifestó: “Es la hora que no sabemos quién tiene Pegasus, si está vivo, si no está vivo”. Jorge Lemus, director de la agencia civil de inteligencia, indicó que la compra se había realizado para combatir el narcotráfico, sin descartar otros usos.
“En un gobierno democrático la inteligencia no puede estar prestándose para la política”, dijo el ministro ante la posibilidad de implicar a entidades como la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía Informática o la inteligencia militar. Añadió además que en los próximos días podría conocerse un tercer caso relacionado con estos seguimientos, elevando preocupaciones sobre ataques coordinados.
La Fiscalía General será la encargada de esclarecer los hechos y se mantienen recomendaciones para depurar las agencias de inteligencia, orientándolas a proteger el Estado y evitar usos indebidos. La administración insiste en la necesidad de fortalecer y transparentar estos sistemas para garantizar legitimidad y confianza ciudadana.
