Cortesía Redes Sociales
Fiesta en cárcel de Itagüí desata polémica por privilegios a reclusos de alta peligrosidad
El gobernador de Antioquia denunció la realización de una fiesta vallenata, con ingreso de visitante y licor, en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Itagüí (Antioquia) el 8 de abril, tras la publicación en redes sociales del caso. La denuncia señala la posible autorización de celebración al interior del penal mientras allí permanecen cabecillas sindicados de bandas criminales, quienes negocian con el Gobierno en el marco del proceso de diálogo denominado Paz Total.
De acuerdo con reportes, fotos y videos difundidos por la concejal Claudia Carrasquilla muestran al cantante Nelson Velásquez actuando para coordinadores criminales del Valle de Aburrá; el festejo habría sucedido en ausencia temporal del director penitenciario y se detecta consumo de licor en el pabellón custodiado, asunto bajo vigilancia institucional. En la cárcel de Itagüí funcionan segregaciones para internos con sentencias elevadas por concierto para delinquir, además que figura como espacio para detenidos aliados a estructuras de la Oficina de Envigado acogidos parcialmente a procesos judiciales especiales. La hora exacta y la cantidad de involucrados no han sido reveladas oficialmente.
La situación puso en evidencia la atención de servicios penitenciarios nacionales, críticos de posibles fallas en protocolos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en ese reclusorio. Instituciones confirmaron que existen trámites oficiales vigentes de cara a la Paz Urbana, bajo acciones llevadas por Fiscalía con suspensiones temporales de capturas y fiscalización con seguimiento documental de los diálogos con internos criminales. Toda comunicación institucional generada incluyó anuncios de exigencias de control de ingreso a pabellones especiales.
El Presidio de Itagüí ha estado bajo la lupa tras antecedentes de fugas, movimientos de altos perfiles privados de la libertad y continuas acusaciones de mantener actividades ilegales a distancia por medio de terceros o herramientas tecnológicas. El Gobierno ratificó normatividad de la política Paz Total centralizada en Antioquia y reveló sustento a suspensiones como garantías procesales internas, aspectos con interés de evaluación jurídica por reducido control de acceso según la denuncia conocida.
