Grupos armados ilegales refuerzan control y cometen abusos contra comunidades indígenas en Putumayo
En las últimas horas, Human Rights Watch denunció que grupos armados ilegales han incrementado su control sobre la población civil en Putumayo, sur de Colombia, especialmente afectando a comunidades indígenas, en medio de las negociaciones de paz que mantiene el Gobierno de Gustavo Petro desde 2023 con estas estructuras.
Según informó HRW, desde el inicio de los diálogos oficiales para reducir cultivos ilícitos, grupos como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, disidencias de las antiguas FARC, han consolidado su dominio territorial en municipios como Puerto Asís, Mocoa, Orito y La Hormiga. Estos grupos han ejercido abusos como asesinatos de líderes comunitarios, reclutamiento forzado de menores, restricción a la movilidad, trabajos forzados y multas, generando un ambiente de temor y represión entre la población.
“Los controles territoriales de estos grupos se materializan en obligaciones para la comunidad como asistir a reuniones, participar en protestas a favor de los grupos armados y en algunos casos cultivar y comercializar hoja de coca, incluso en zonas con acuerdos de sustitución de cultivos,” afirmó Sara Medina, investigadora para América Latina en Human Rights Watch. Esta organización recogió testimonios confidenciales de 45 personas entre víctimas y autoridades indígenas durante una misión en septiembre pasado.
Putumayo es una región límite con Ecuador y Perú, segura para el narcotráfico y la minería ilegal, con la segunda mayor producción de hoja de coca a nivel nacional. Mientras los Comandos de la Frontera y el Frente Raúl Reyes prosiguen en negociaciones, el Frente Carolina Ramírez se retiró en abril de 2024, prolongando la vulnerabilidad en la zona.
Ante esta delicada situación, HRW instó al Gobierno a adoptar con urgencia una estrategia integral que garantice justicia, seguridad y protección efectiva para familias rurales e indígenas del Putumayo. Continúa la expectativa sobre si la política de “paz total” logrará mitigar el endurecimiento territorial y los continuos abusos contra las comunidades afectadas.
