📸 Cortesía: Senado
Sancionan a presidente Gustavo Petro y allegados en EE. UU. por presuntos vínculos con el narcotráfico
En las últimas horas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al presidente colombiano Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la llamada «Lista Clinton» por supuestos nexos con actividades relacionadas al narcotráfico.
La sanción, anunciada el viernes 24 de octubre de 2025, implica el bloqueo de cuentas bancarias y bienes en territorio estadounidense, además de restricciones financieras severas y un aislamiento diplomático para los afectados. La decisión fue fundamentada en el aumento histórico de la producción de cocaína en Colombia durante el gobierno de Petro y la presunta permisividad frente a la expansión de grupos vinculados al narcotráfico. “Petro ha permitido el crecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad”, sostuvo Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU., relacionando la situación con las políticas de “paz total” impulsadas por el actual Gobierno.
El presidente Gustavo Petro rechazó de inmediato la medida calificándola como “una arbitrariedad propia de un régimen de opresión” y atribuyó motivos políticos a la decisión del gobierno estadounidense. En un pronunciamiento realizado en la Plaza de Bolívar, Bogotá, sostuvo: “Si yo no he hecho negocios nunca, no tengo un dólar en Estados Unidos, no hay ninguna cuenta qué congelarme”. Además, confirmó que su defensa está a cargo del abogado estadounidense Daniel Kovalik y anunció que presentará recursos legales ante la OFAC.
Ante esta coyuntura, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, declaró que la sanción responde a intereses políticos y pidió a la comunidad internacional observar con rigurosidad el proceso. Con esta medida, se espera que Colombia y EE. UU. ajusten su cooperación para mitigar los impactos del narcotráfico y su influencia en las administraciones públicas. La sociedad civil está atenta a próximas acciones y reacciones oficiales que definan el rumbo de esta crisis diplomática.
