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Intergremial Antioquia y Fenalco exigen suspender la Tasa Especial de Seguridad hasta 2027 por riesgos de cierres empresariales y desempleo
Intergremial Antioquia y Fenalco Antioquia solicitaron la suspensión inmediata de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Antioquia, vigente desde enero de 2025 y programada hasta diciembre de 2027, por el riesgo de cierres de empresas y aumento del desempleo en el departamento.
El cobro de la tasa, aprobada en diciembre de 2024 por la Asamblea Departamental y aplicada a través de las facturas de energía a hogares estratos 4, 5 y 6, comercios e industrias, con topes que llegan hasta 122.000 pesos para industrias, ha generado una presión económica que afecta especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas. Además, sumado al aumento del salario mínimo y otras cargas tributarias nacionales, el sector productivo enfrenta dificultades para sostener su operación.
“Los empresarios no aguantan un impuesto más. La carga impositiva y el incremento del salario mínimo están llevando al sector empresarial a una crisis, por eso proponemos suspender la tasa y abrir diálogo para buscar alternativas solidarias que no recaigan sobre ellos”, afirmó Nicolás Posada, presidente ejecutivo de Intergremial Antioquia. En concordancia, María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, advirtió sobre el impacto directo en costos para las mipymes del departamento y expresó apertura para concertar medidas junto con la Gobernación.
La tasa jurisdiccional pretende recaudar 1,09 billones de pesos entre 2025 y 2027, para invertir en cámaras de vigilancia, vehículos 4×4 para la Policía, escuadrones de la fuerza pública, un nuevo centro penitenciario y mejoramiento de escenarios deportivos. Sin embargo, su recaudo ha estado por debajo de las expectativas; solo el 42% correspondiente a la pagina se cobró en el primer trimestre de 2025 y al cierre del año se alcanzó poco más del 30% de la meta anual fijada.
El gobernador Andrés Julián Rendón defendió la tasa como medida indispensable frente a la inseguridad. Pese a ello, no ha habido respuesta oficial hasta ahora a la petición de suspensión realizada por los gremios, lo que mantiene expectante al sector empresario y a la comunidad.
La Alcaldía y Gobernación hacen un llamado al diálogo y monitorean los nuevos escenarios que planteen una financiación justa para la seguridad sin afectación al desarrollo empresarial ni al empleo formal en Antioquia.
