La senadora cuestiona la constitucionalidad del Decreto 1525 de 2026, que modifica el protocolo de actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones. Asegura que el Gobierno debió convocar una Mesa Nacional de Garantías y advierte sobre posibles riesgos para el derecho a la protesta pacífica.

La senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra el Decreto 1525 de 2026, expedido por el presidente Abelardo de la Espriella el 13 de octubre. La acción judicial busca controvertir los cambios introducidos al protocolo que regula la actuación de las autoridades durante las protestas sociales.

“Demandamos el decreto que reforma el uso de la fuerza pública en la protesta. Es regresivo e inconstitucional”, manifestó la congresista en un pronunciamiento divulgado en su cuenta de X.

La demanda se conoció en la víspera de las movilizaciones convocadas para el miércoles 14 de octubre por sectores de oposición, sindicatos y organizaciones sociales. La expedición de la norma generó cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado por el Ejecutivo y las condiciones bajo las cuales la Policía puede intervenir durante una manifestación.

¿Por qué Jennifer Pedraza anunció demandar el decreto?

Uno de los principales argumentos de Pedraza es que, a su juicio, los cambios que puedan restringir el derecho fundamental a la protesta deben tramitarse mediante una ley estatutaria en el Congreso, y no exclusivamente por medio de un decreto del Gobierno.

La senadora también cuestionó el proceso de consulta previo a la expedición de la norma. Según denunció, el Ejecutivo habilitó un periodo de consulta de siete días y no convocó a la Mesa Nacional de Garantías para discutir los cambios con los sectores involucrados.

Pedraza recordó que el Decreto 003 de 2021 surgió después de actuaciones judiciales relacionadas con el manejo de las protestas y el uso de la fuerza pública. Por eso, considera que modificar ese protocolo sin un proceso de concertación equivalente supone un retroceso en las garantías para los manifestantes.

Otro de sus reparos está relacionado con la posibilidad de que las autoridades omitan algunas etapas de diálogo o mediación cuando se presenten determinadas circunstancias. Para la congresista, esa flexibilidad podría poner en riesgo a quienes participan pacíficamente en las movilizaciones.

Qué cambia con el Decreto 1525 de 2026

El Decreto 1525, firmado por De la Espriella el 13 de octubre, modifica disposiciones del Decreto 003 de 2021 sobre la actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones.

El Gobierno sostiene que el propósito de la reforma es proteger la protesta pacífica y permitir una respuesta frente a hechos de violencia, agresiones, vandalismo y bloqueos que afecten servicios esenciales.

La norma organiza la actuación institucional en cinco niveles: facilitación y gestión preventiva; diálogo directo; mediación y articulación institucional; disuasión; y restablecimiento del orden mediante unidades policiales.

El texto contempla situaciones en las que la Policía puede intervenir sin agotar previamente todas las etapas de diálogo, especialmente ante hechos violentos o riesgos que requieran una respuesta inmediata. También establece que las actuaciones deben dirigirse contra los responsables y no afectar indiscriminadamente a quienes se manifiesten de manera pacífica.

Además, incluye disposiciones sobre corredores para ambulancias y organismos de socorro, coordinación mediante Puestos de Mando Unificado y seguimiento de situaciones de conflictividad social.

La discusión sobre los bloqueos y la protesta pacífica

Pedraza cuestiona que las nuevas reglas puedan facilitar la disolución de manifestaciones por bloqueos, incluso en circunstancias en las que no se hayan presentado hechos de violencia.

“La protesta es pacífica, pero también disruptiva”, señaló la senadora al defender que una obstrucción vial no convierte automáticamente toda una movilización en un acto delictivo. Para sustentar su argumento, citó la Sentencia C-742 de 2012 de la Corte Constitucional.

El decreto, por su parte, contempla criterios para evaluar las obstrucciones de vías y sus efectos sobre la movilidad, las rutas alternas y la prestación de servicios esenciales. La norma no establece que cualquier bloqueo permita disolver automáticamente una manifestación.

La controversia está en el alcance de las facultades que se otorgan a las autoridades, las condiciones para pasar de las etapas de diálogo a la intervención policial y las garantías para evitar que las actuaciones afecten a participantes pacíficos.

El Consejo de Estado deberá estudiar la acción judicial

Con la demanda, Pedraza busca que se examine la legalidad de la norma. La presentación de la acción no implica que el decreto haya sido suspendido o anulado: esas consecuencias dependerán de las decisiones que adopte la autoridad judicial competente.

El debate jurídico se suma a las críticas expresadas por otros integrantes de la oposición, que cuestionan tanto el contenido de la reforma como el momento en que fue expedida, un día antes de las movilizaciones nacionales.

El Gobierno defiende que el decreto mantiene la protección de la protesta pacífica y establece herramientas para responder a situaciones que pongan en peligro la integridad de las personas o la prestación de servicios esenciales. La discusión sobre su constitucionalidad quedará sujeta al análisis judicial correspondiente.

Preguntas frecuentes

¿Por qué Jennifer Pedraza anunció demandar el Decreto 1525 de 2026?

La senadora considera que el decreto es regresivo e inconstitucional porque modifica reglas sobre el derecho a la protesta mediante una norma del Gobierno. También cuestiona que no se haya convocado la Mesa Nacional de Garantías y que la consulta previa solo durara siete días.

¿Qué cambia el Decreto 1525 de 2026 en las protestas?

La norma modifica el protocolo de actuación de la Fuerza Pública y organiza la respuesta institucional en cinco niveles, desde la prevención hasta el restablecimiento del orden. Además, permite intervenir sin agotar todas las etapas de diálogo cuando existan hechos violentos o riesgos que requieran una respuesta inmediata.

¿La demanda de Jennifer Pedraza suspendió el Decreto 1525 de 2026?

No. La presentación de la demanda ante el Consejo de Estado no suspende ni anula el decreto, pues esas decisiones dependerán de la autoridad judicial competente.