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JEP opera con limitaciones financieras tras recibir menos de la mitad de recursos previstos
En las últimas horas se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta restricciones presupuestales luego de recibir 50.000 millones de pesos de los 120.000 millones previstos para la ejecución de sus primeras sentencias y decisiones judiciales. La situación afecta sus operaciones desde primeras semanas de febrero, según informó su presidente Alejandro Ramelli.
El presupuesto parcial dificulta el cumplimiento de órdenes derivadas de sentencias proferidas en 2025, como las emitidas en septiembre contra exmiembros de las Farc por más de 21.000 casos de secuestro y contra 12 exmilitares del Batallón La Popa implicados en 135 ejecuciones extrajudiciales en Cesar y La Guajira. “Estamos a poco menos de la mitad de los recursos necesarios, que ascienden a 120.000 millones de pesos. Reiteramos la urgencia de contar con la financiación plena para estas y futuras sentencias”, indicó Ramelli.
Este insuficiente desembolso limita no solo el avance en alistamiento y primeras ejecuciones, sino también acciones fundamentales como la búsqueda de desaparecidos en Antioquia, región donde se cuenta solo con apoyo de la Alcaldía de Medellín. Ramelli aclaró que la JEP no dispone de fuentes propias, pues el financiamiento depende exclusivamente del Estado colombiano a través del Plan Nacional de Desarrollo.
En diciembre de 2025, el Ministerio de Hacienda destinó 30.130 millones para sentencias restaurativas. Aun así, persisten obligaciones pendientes por más de 121.000 millones de pesos. La JEP no recibe aportes de cooperación internacional como los recortados de Estados Unidos, pese a mantener abierta la posibilidad de colaboraciones complementarias.
A pesar de estas limitantes, en 2025 este organismo ejecutó el 99,3 % de su presupuesto total, superior a 777.000 millones de pesos, alcanzando cabal cumplimiento sin hallazgos fiscales, de acuerdo a informes de la Contraloría y el Ministerio de Hacienda. Esto permitió atender a 6.555 víctimas y sustentar la participación en más de 350 actividades relacionadas con el reconocimiento de verdades en asuntos para más de 2,3 millones de hechos magistralmente del conflicto armado.
El presupuesto asignado para 2026 se reduce a 744.659 millones, 32.410 millones de pesos menos que el año previo, en medio de un escenario recurrente de restricciones fiscales a nivel nacional y el rechazo del Senado a reformas con déficit de más de 16 billones de pesos para manos fiscales ampliadas. Frente a este panorama, Ramelli insistió: “El Gobierno debe garantizar la totalidad de los recursos y priorizar los derechos de las víctimas según los compromisos del Acuerdo de Paz”.
La alcaldía Distrital y organismos responsables permanecen atentos al desarrollo del flujo de fondos para evitar atrasos en la implementación definitiva del mandato judicial.
