El presidente Abelardo De La Espriella convirtió la extradición en una de las principales herramientas de su estrategia contra el crimen organizado. Durante su primer mes de Gobierno aseguró haber firmado 52 decisiones, pero eso no significa que todas las personas requeridas ya hayan sido entregadas a otros países.
Una extradición solamente se hace efectiva cuando concluye el procedimiento jurídico y administrativo, el solicitado se encuentra bajo custodia y las autoridades coordinan su traslado. Algunas de las resoluciones firmadas por el presidente pueden estar pendientes de notificación, recursos, garantías diplomáticas o de la entrega material.
El proceso comienza con una solicitud presentada por otro Estado a través de los canales diplomáticos. La Cancillería revisa el marco jurídico aplicable, el Ministerio de Justicia analiza la documentación y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema estudia si se cumplen los requisitos para autorizar la entrega.
Si el concepto de la Corte es desfavorable, el Gobierno no puede conceder la extradición. Si es favorable, el presidente conserva la facultad de aprobarla, negarla o someterla a condiciones. Entre las garantías puede exigirse que la persona no sea sometida a pena de muerte, desaparición forzada, tortura ni tratos crueles.
La Constitución permite extraditar colombianos por nacimiento por delitos cometidos en el exterior, pero prohíbe hacerlo por delitos políticos. Además, la entrega no representa una declaración de culpabilidad: las personas requeridas deben ser juzgadas por las autoridades del país solicitante y conservan su presunción de inocencia.
El Gobierno sostiene que este mecanismo evita que las fronteras se conviertan en refugio para integrantes de redes dedicadas al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, trata de personas y otros delitos transnacionales. De La Espriella anunció que continuará firmando las solicitudes que cumplan los requisitos legales.
Entre sus decisiones más visibles está la reactivación de las extradiciones de cinco antiguos participantes en procesos de diálogo del Gobierno anterior. Tres permanecen capturados y dos continúan prófugos, por lo que la entrega de estos últimos solo podrá materializarse si son localizados y detenidos.
El Ejecutivo presenta su política como un giro frente a las suspensiones concedidas durante la llamada Paz Total. Sin embargo, la extradición no estuvo paralizada completamente: el Ministerio de Justicia informó que el Gobierno de Gustavo Petro había realizado 873 entregas efectivas entre agosto de 2022 y abril de 2026. Lo que cambió con la nueva administración fue el tratamiento de algunos requeridos que tenían suspendida su entrega por participar en conversaciones de paz.
Las 52 firmas son, por tanto, un indicador de las decisiones adoptadas por el presidente, no necesariamente de extradiciones consumadas. Para medir el resultado real será necesario conocer cuántas personas fueron finalmente entregadas, a qué países, por cuáles delitos y cuántas resoluciones siguen pendientes de ejecución.
