La Alcaldía de Bello anunció que llevará al Consejo de Estado la sanción impuesta a la alcaldesa por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en una decisión del 29 de septiembre de 2026 relacionada con el acceso al agua potable en los sectores El Pinar y Manantiales, en Granizal. La administración municipal acudirá a los mecanismos jurídicos disponibles para que se revisen las actuaciones adelantadas y las condiciones que han dificultado una solución definitiva, mientras la comunidad continúa recibiendo el servicio mediante carrotanques.

La sanción aún debe ser revisada

La decisión fue adoptada dentro del trámite de seguimiento a una acción popular que ordenó avanzar en soluciones estructurales para el suministro de agua, el saneamiento básico y las condiciones de vida de los habitantes de Granizal. Según la información reportada, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró en desacato a la mandataria y le impuso una sanción económica, cuyo monto exacto no fue precisado en la información disponible.

La Alcaldía señaló que la medida no es definitiva, debido a que puede ser sometida al grado jurisdiccional de consulta ante el Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 472 de 1998. En esa instancia, el municipio buscará que se valoren de manera integral las acciones realizadas y las circunstancias técnicas, jurídicas, urbanísticas, institucionales y presupuestales que han incidido en el desarrollo del proyecto.

El recurso de revisión también será utilizado para presentar los argumentos y elementos probatorios que, según la administración, demostrarían la gestión adelantada para atender las órdenes judiciales. Por ahora, no se cuenta con el texto íntegro de la providencia ni con el detalle completo de las obligaciones evaluadas por el Tribunal.

Las actuaciones reportadas por la Alcaldía

En su pronunciamiento, la Alcaldía de Bello aseguró que ha mantenido una actuación orientada al cumplimiento de las decisiones judiciales. Entre las medidas mencionadas se encuentra la radicación y posterior ajuste de un proyecto de acueducto alternativo, así como la realización de más de 30 mesas técnicas con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Gobernación de Antioquia.

La administración también reportó la atención de observaciones técnicas, la coordinación con EPM, la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial para habilitar actuaciones en sectores de Granizal y el avance de la ruta de legalización urbanística. Estos procesos hacen parte de los trámites que el municipio considera necesarios para avanzar hacia una solución permanente.

Como respuesta a las necesidades actuales de la población, Bello indicó que desde marzo de 2023 garantiza el suministro continuo de agua potable mediante carrotanques. Además, informó sobre intervenciones en la infraestructura vial para facilitar el ingreso de los vehículos y la prestación de los servicios, junto con campañas de educación sanitaria y otras acciones dirigidas a la comunidad.

De acuerdo con el comunicado municipal, las actuaciones ejecutadas entre 2023 y 2025 representaron una inversión superior a 20.000 millones de pesos de recursos propios. Esta cifra corresponde exclusivamente a la información entregada por la Alcaldía y no fue contrastada, en los documentos consultados, con un reporte presupuestal oficial independiente.

El Tribunal cuestionó los avances estructurales

Aunque el Tribunal reconoció que se habían adelantado algunas gestiones, según el reporte periodístico conocido, también cuestionó la falta de avances suficientes en asuntos considerados decisivos para resolver de manera estructural la situación de Granizal. Entre ellos se encuentran la actualización de la caracterización socioeconómica, la regularización predial y la elaboración de estudios detallados de riesgo.

Estos estudios permitirían establecer qué zonas pueden ser intervenidas con obras de infraestructura y cuáles presentan condiciones que podrían requerir medidas diferentes, incluida la eventual reubicación de población si no existe viabilidad técnica para ejecutar las obras. La definición del espacio público, la regularización territorial y la disponibilidad de recursos también hacen parte de los pendientes señalados dentro del proceso.

La dependencia de carrotanques evidencia que, pese a las medidas de atención adoptadas, la solución definitiva para El Pinar y Manantiales todavía no se ha materializado. La comunidad continúa a la espera de una alternativa que garantice el acceso permanente al agua potable y permita superar las limitaciones actuales del servicio.

Una responsabilidad que involucra a varias entidades

La Alcaldía argumentó que la solución no depende exclusivamente del municipio. En la acción popular también participan el Ministerio de Vivienda, la Gobernación de Antioquia y EPM, por lo que el desarrollo del proyecto requiere coordinación entre las entidades, estudios técnicos, definición territorial y la correspondiente viabilización y financiación.

Según la información disponible, el Tribunal no sancionó en esta providencia a EPM, al Ministerio ni a la Gobernación. No obstante, el seguimiento de las obligaciones de las entidades continuará mediante audiencias de verificación, mientras el municipio prepara su intervención ante el Consejo de Estado.

La Alcaldía de Bello aseguró que mantendrá el suministro provisional de agua y continuará trabajando con las instituciones involucradas para superar los aspectos pendientes. El caso seguirá en revisión judicial, por lo que la sanción contra la alcaldesa no debe presentarse como definitiva hasta que se surta la consulta correspondiente.

Preguntas frecuentes

¿Por qué fue sancionada la alcaldesa de Bello?

El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró en desacato a la alcaldesa dentro del seguimiento a una acción popular sobre el acceso al agua potable en El Pinar y Manantiales, en Granizal. La sanción está relacionada con los avances considerados insuficientes para lograr una solución estructural al suministro de agua y al saneamiento básico.

¿Qué hará la Alcaldía de Bello frente a la sanción?

La Alcaldía llevará el caso al Consejo de Estado mediante el grado jurisdiccional de consulta previsto en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998. Allí solicitará que se revisen las actuaciones realizadas y las condiciones técnicas, jurídicas, urbanísticas, institucionales y presupuestales del proyecto.

¿Cómo reciben agua potable actualmente los habitantes de El Pinar y Manantiales?

La comunidad recibe el servicio mediante carrotanques, una medida que la Alcaldía asegura mantener desde marzo de 2023. Esta atención es provisional, pues la solución definitiva de acueducto para Granizal aún no se ha materializado.