“Los recursos públicos se respetan”. Con este mensaje, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se pronunció luego de que un juez de segunda instancia revocara parcialmente la detención domiciliaria de Miguel Andrés Quintero Calle y ordenara que cumpla la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

La entidad destacó que esta decisión se produjo después de la apelación presentada por su representación judicial, pues fue reconocida como víctima en el proceso. El Área Metropolitana había cuestionado el beneficio concedido inicialmente por el Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín y solicitó que Quintero fuera enviado a una cárcel.

Según explicó la entidad, consideraba que la gravedad de los hechos investigados y el posible detrimento de recursos públicos no eran compatibles con una medida de detención en su residencia.

“Apelamos la decisión inicial porque consideramos que la detención domiciliaria no era suficiente. Esta determinación de segunda instancia representa un avance en la defensa de los recursos de todos. La corrupción no puede tener privilegios”, afirmó Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana.

La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en seis contratos celebrados entre la entidad y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. De acuerdo con los elementos analizados durante el proceso, el posible detrimento patrimonial superaría los 2.481 millones de pesos, por presuntos sobrecostos y bienes o servicios sin respaldo.

El Área Metropolitana aseguró que continuará utilizando las herramientas jurídicas para que se esclarezcan los hechos y se defienda el patrimonio de los ciudadanos.

También calificó la decisión judicial como un avance en ese propósito.

El juez ordenó expedir la boleta de encarcelación para que el INPEC haga efectiva la medida. El proceso continúa y la detención preventiva no representa una condena contra Quintero.