El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que tres menores de edad están entre las diez personas fallecidas tras un bombardeo realizado por la Fuerza Pública en zona rural de El Retorno, departamento del Guaviare. La operación militar, conocida como Operación Amón, tuvo lugar en la madrugada del jueves 27 de agosto y estuvo dirigida contra campamentos atribuidos a las disidencias de las Farc.
Detalles de la identificación y víctimas
Los cuerpos de las víctimas fueron recibidos por Medicina Legal el 29 de agosto para adelantar los procesos de identificación y análisis forense. De los diez cuerpos recuperados, nueve ya fueron plenamente identificados, mientras que uno permanece en proceso debido al estado en que fue encontrado. Entre los identificados hay cuatro mujeres, cinco hombres y tres menores de edad, cuyas identidades no han sido divulgadas por razones de seguridad y protección.
Contexto y desarrollo de la Operación Amón
La acción militar fue ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella y ejecutada por la Fuerza Pública contra un campamento ubicado en una zona selvática del municipio de El Retorno. El objetivo era impactar las estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de alias ‘Calarcá’, uno de los comandantes de las disidencias de las Farc que operan en la región. Tras el bombardeo aéreo, tropas ingresaron al área para asegurar la zona y recuperar los cuerpos para su traslado a Medicina Legal.
Implicaciones y procesos de investigación
La confirmación de que tres adolescentes murieron en la operación abrió un nuevo capítulo de investigaciones sobre las circunstancias en que se encontraban en el campamento atacado. Las autoridades deberán esclarecer qué hacían estos menores en el lugar y bajo qué condiciones permanecían allí, considerando además si fueron objeto de reclutamiento por parte de la organización armada ilegal. Esta situación ha generado alertas sobre la vulneración del Derecho Internacional Humanitario y los derechos de la niñez en contextos de conflicto armado.
El caso se inscribe en un contexto más amplio de disputas entre estructuras armadas ilegales en el Guaviare, donde las disidencias de las Farc mantienen enfrentamientos por el control territorial. La presencia confirmada de menores entre las víctimas refuerza la necesidad de que las investigaciones se realicen con enfoque de derechos y respeto a las normas internacionales. Mientras avanzan los análisis forenses para identificar plenamente a todas las víctimas, la Fiscalía y otras autoridades competentes revisarán los reportes operacionales y técnicos para determinar responsabilidades y esclarecer el impacto del operativo.
