📸 Cortesía: Presidencia de Colombia
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó en las últimas horas un plan para atentar contra el presidente Gustavo Petro mientras viajaba en helicóptero al departamento de Córdoba. El hecho se registró entre la noche del 9 y la mañana del 10 de febrero cuando el mandatario y sus hijos volaban rumbo a Montería en un consejo de ministros dedicado a la emergencia por inundaciones.
Solo en esa jornada, el aparato debió evitar un aterrizaje en el destino original por amenazas de disparos, por lo que el piloto optó por una ruta sobre mar adentro, durante alrededor de cuatro horas, para evadir el riesgo. Según Petro, “vengo de dos días no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten”, aclarando que tomó esta acción preventiva debido a información que alertaba sobre riesgos directos contra él y sus familiares.
De acuerdo con Pedro Sánchez Suárez, las amenazas provienen de una convergencia de grupos ligados al narcotráfico, entre ellos disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco y posiblemente el Clan del Golfo. Esta acción sería en respuesta a terminales operativos recientes contra estas estructuras criminales, poniendo en jaque la seguridad presidencial y generando principal alerta nacional.
“El país enfrenta la convergencia de carteles del narcotráfico, lo que sobresalta la situación de seguridad integrada por fuerzas del orden y protección presidencial”, manifestó el ministro en entrevista con un medio nacional. Por su parte, el Gobierno reforzó el esquema de seguridad y anunció una recompensa de hasta cinco mil millones de pesos para quienes aporten información efectiva sobre los responsables de esta amenaza.
El contexto se complejiza frente a antecedentes como una alerta de intención de atentado en 2024 y recientes desmanes dentro de la Policía Nacional en casos dolorosos de traiciones a la seguridad. La administración asegura que comunicaciones e investigaciones continúan activas para mitigar riesgos, y exhorta a cumplir con las medidas orientadas para proteger la institucionalidad y la población.
Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse en alerta y apoyar al sector oficial reportando cualquier incidente que pueda poner en peligro la seguridad colectiva, especialmente frente a estructuras armadas vinculadas al narcotráfico y al delito organizado en las regiones del norte del país.
