El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) abrió investigaciones administrativas y formuló cargos contra Starlink Colombia y cuatro operadores móviles por el presunto incumplimiento de las medidas para restringir las señales de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios del país. La actuación fue divulgada el 21 de noviembre de 2026, hora colombiana, y reportada por medios nacionales el 22 de noviembre.
El proceso contra Starlink se originó en verificaciones técnicas adelantadas por el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC), luego de un operativo realizado en la cárcel La Picota, en Bogotá. Durante la intervención fueron incautadas seis antenas de internet satelital, 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM y 38 módems, según reportes de prensa.
Las inspecciones del MinTIC detectaron conexiones a internet mediante redes wifi suministradas por Starlink en cuatro centros penitenciarios: La Picota, en Bogotá; Bellavista, en Bello, Antioquia; Acacías, en Meta, y Las Heliconias, en Florencia, Caquetá.
La investigación también involucra a Partners Telecom Colombia, operador de la marca WOM; Colombia Telecomunicaciones, responsable de Movistar; Comunicación Celular (Comcel), de Claro, y la Unión Temporal Colombia Móvil-Colombia Telecomunicaciones, asociada a Tigo. En estos casos, la entidad busca establecer si las compañías adoptaron las medidas necesarias para eliminar o atenuar las señales móviles dentro de La Picota.
Las actuaciones se fundamentan en el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, incorporado mediante la Ley 1709 de 2014. Esta norma obliga a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones a atenuar las señales que cubren los establecimientos penitenciarios y carcelarios, con el propósito de impedir comunicaciones no autorizadas desde el interior de las cárceles.
El proceso se encuentra en etapa administrativa y todavía debe determinar si se cometieron infracciones y cuál sería la responsabilidad de cada empresa. En caso de comprobarse los incumplimientos, las compañías podrían enfrentar multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la suspensión temporal de sus operaciones o la cancelación de licencias y permisos.




