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¿Publicidad sin permiso? Movistar se enfrenta a una multa histórica
Este jueves 2 de octubre de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de 670 millones de pesos a Movistar Colombia, luego de comprobar que la empresa contactó a usuarios sin su autorización mediante llamadas, mensajes de texto y WhatsApp.
La investigación, liderada por la Delegatura para la Protección de Datos Personales bajo la administración de Cielo Rusinque, fue impulsada por denuncias ciudadanas que advertían sobre prácticas comerciales invasivas. Los afectados no solo no eran clientes de Movistar, sino que tampoco habían dado su consentimiento expreso e informado para recibir ofertas publicitarias. La persistencia en la insistencia comercial, especialmente en horarios inapropiados, generó una molestia que la SIC calificó como una vulneración clara del derecho fundamental al habeas data y a la privacidad de los colombianos.
El caso resalta la importancia creciente de la protección de los datos personales en Colombia, especialmente en un contexto donde el respeto por la intimidad y la tranquilidad de los usuarios se ha tornado un asunto prioritario. La multa se fundamenta en la Ley 1581 de 2012, que establece el Régimen General de Protección de Datos Personales, y en la reciente Ley 2300 de 2023, conocida popularmente como “Ley Dejen de Fregar”, que prohíbe comunicaciones comerciales insistentes sin consentimiento expreso.
La SIC advierte que el cumplimiento de estas normas no es una opción sino una obligación para las empresas que gestionan información personal. Más allá de la sanción económica, este caso deja en evidencia la necesidad de garantizar que la tecnología y la comunicación comercial no erosionen derechos fundamentales ni generen un vacío de confianza en los ciudadanos.
Mientras tanto, la sociedad colombiana observa con atención cómo se ajustan los límites entre mercadeo y privacidad, y se pregunta si esta multa sentará un verdadero precedente para frenar el acoso digital. ¿Será este el momento en que las empresas comprendan que los datos son un derecho, no un recurso para explotar?
