El presidente Abelardo de la Espriella encabezó este lunes un Consejo de Seguridad en la Brigada 18 del Ejército, en Arauca, para evaluar la situación de orden público y definir acciones contra el ELN y las disidencias de las Farc. Durante la reunión, el mandatario anunció el refuerzo de la Fuerza Pública, las capacidades de inteligencia y el control terrestre y fluvial en la frontera, con el objetivo de recuperar la seguridad en los territorios afectados por la violencia y combatir a las estructuras armadas ilegales.
Refuerzo de la seguridad en Arauca
Tras el Consejo de Seguridad, el Gobierno informó que fortalecerá las operaciones contra las organizaciones armadas que tienen presencia en el departamento. Las acciones estarán dirigidas contra sus estructuras, cabecillas, redes logísticas y fuentes de financiación, de acuerdo con los reportes sobre la reunión realizada en la sede militar.
Entre las medidas anunciadas se encuentra el aumento de los controles fronterizos para enfrentar el narcotráfico, el contrabando y el tránsito de integrantes de grupos armados ilegales. También se planteó reforzar la vigilancia en corredores fronterizos y rutas clandestinas, mediante una coordinación más estrecha entre la Fuerza Pública, la Policía y la Fiscalía.
Al encuentro asistieron altos mandos militares y policiales, incluido el ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares, los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, además del director de la Policía. La presencia de los responsables de las principales instituciones de seguridad permitió revisar las capacidades disponibles y definir acciones conjuntas para Arauca.
Advertencia sobre supuestas alianzas políticas
En un mensaje difundido desde Arauca, el presidente rechazó cualquier eventual alianza entre dirigentes políticos y organizaciones armadas ilegales. “No voy a aceptar, ¡jamás!, alianzas entre políticos y los terroristas del ELN y las FARC”, afirmó. La declaración fue presentada como una advertencia política y de seguridad, pero no estuvo dirigida a personas concretas.
De la Espriella también manifestó: “No soy político ni vengo de la política; por eso, no tengo la obligación de quedar bien con nadie distinto a la ley, la Constitución y los colombianos de bien”. Además, sostuvo que quienes tengan “las manos manchadas de sangre” no deben intervenir en las decisiones del país.
Las referencias a posibles vínculos entre sectores políticos y grupos armados deben entenderse como señalamientos o advertencias del mandatario. En el material reportado no se identifican públicamente funcionarios o dirigentes específicos, ni se menciona una investigación judicial que respalde esas acusaciones como hechos probados.
Exigencia al ELN y operaciones de rescate
Durante la jornada, el presidente exigió al ELN la liberación de las personas secuestradas en el departamento de Arauca. Asimismo, ordenó intensificar las operaciones de rescate a través del Gaula, mientras las autoridades avanzan en la articulación de labores de inteligencia para ubicar a las víctimas y afectar las redes responsables de los secuestros.
Otra de las decisiones anunciadas fue el traslado de cabecillas detenidos en Arauca a cárceles de mayor seguridad. La medida busca evitar que los privados de la libertad mantengan capacidad de coordinación con sus estructuras desde los centros de reclusión, según los reportes relacionados con el Consejo de Seguridad.
El Gobierno señaló que el control de la frontera tendrá un componente terrestre y otro fluvial, debido a la importancia de las rutas utilizadas por organizaciones criminales. En ese marco, la Fuerza Pública concentrará esfuerzos en las zonas de movilidad ilegal y en los puntos empleados para el transporte de armas, drogas, mercancías de contrabando y personas vinculadas a grupos armados.
Desde Arauca, el mandatario aseguró que actuará para defender a los colombianos, recuperar la seguridad y devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas durante años por la violencia. Las autoridades deberán ahora traducir las medidas anunciadas en operaciones coordinadas, resultados de inteligencia y acciones judiciales contra las estructuras que operan en el departamento.




