📸 Imagen cortesía Gobernación de Antioquia
¡Qué dolor en Amalfi!
Este jueves 21 de agosto de 2025, el cielo de la vereda Los Toros, en Amalfi, Antioquia, se tornó trágico. Un helicóptero de la Policía Nacional, involucrado en operaciones contra cultivos ilícitos, fue derribado en un ataque devastador atribuido al frente 36 de las disidencias de las FARC. Trece uniformados perdieron la vida y al menos cuatro resultaron heridos, según confirmó el gobernador Andrés Julián Rendón.
La mañana arrancaba cuando la aeronave Black Hawk HU60 realizaba tareas clave para la erradicación de drogas en el terreno. Sin embargo, tras ataques anteriores con explosivos desde tierra, el uso de un dron cargado de explosivos contra el rotor de cola marcó una escalada en la sofisticación y letalidad de estos grupos ilegales. Esta modalidad, que corona la peligrosidad de las estructuras criminales en Colombia, quedó nuevamente al descubierto en Amalfi.
No es un episodio aislado. Desde junio, la Gobernación de Antioquia alertaba sobre un “deterioro progresivo y alarmante del orden público” en la región. La expansión de las disidencias de las FARC, junto al Clan del Golfo, amenazan con engullir el territorio. Según Rendón, bajo la política de “paz total”, su presencia criminal habría aumentado hasta un 70% y 60%, respectivamente. Pese a las llamadas urgentes desde mayo al Ministerio de Defensa para reforzar el control, la respuesta estatal fue tibia, incluso ausente. “Nos dejan en visto”, resumió con amarga frustración el gobernador.
El impacto de este ataque se multiplica más allá de la cifra trágica de víctimas. Es el reflejo de una estrategia criminal que incorpora nuevas tecnologías para desafiar el orden institucional y la seguridad ciudadana. Las autoridades nacionales condenaron el hecho, pero la ciudadanía y los líderes locales esperan algo más que palabras. ¿Podrá el Estado dejar de naufragar en alertas y reclamos y ofrecer una respuesta efectiva? En Amalfi, más que nunca, el dolor se mezcla con la incertidumbre.
