La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó a Colombia elevar gradualmente la edad de jubilación e igualarla entre hombres y mujeres, como parte de una transición para las nuevas generaciones. Según el organismo, la medida contribuiría a mejorar la sostenibilidad financiera del sistema pensional y aumentaría las posibilidades de que más mujeres completen los requisitos para acceder a una pensión contributiva.
La edad ordinaria de pensión en Colombia es actualmente de 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres. La propuesta de la OCDE plantea que ambas edades converjan de manera progresiva y que, posteriormente, los ajustes se relacionen con el aumento de la esperanza de vida.
La recomendación fue incluida en los estudios económicos sobre Colombia publicados por la organización en septiembre de 2024 y retoma planteamientos formulados previamente. La entidad sostiene que una edad de retiro igual para ambos sexos permitiría a las mujeres permanecer más tiempo en el mercado laboral, acumular semanas de cotización y elevar sus probabilidades de cumplir las condiciones para pensionarse.
El planteamiento aparece en medio de los problemas estructurales del sistema colombiano, entre ellos la baja cobertura, la alta informalidad laboral y la presión que ejerce el gasto pensional sobre las finanzas públicas. La OCDE advierte, sin embargo, que una reforma de la edad no sería suficiente para ampliar la cobertura y que también se requiere un aumento sostenido del empleo formal.
La reforma pensional aprobada por el Congreso en junio de 2024 mantuvo las edades de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. Además, conservó en términos generales el requisito de 1.300 semanas para los hombres y estableció una reducción gradual para las mujeres, junto con beneficios adicionales según el número de hijos.
La entrada en vigor de esa reforma quedó en suspenso después de una decisión de la Corte Constitucional en junio de 2025. Por ahora, cualquier cambio en la edad de jubilación tendría que ser debatido y aprobado por el Congreso, pues las recomendaciones de la OCDE no son obligatorias para el Gobierno colombiano.




