La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó al Congreso siete recomendaciones para regular el derecho a la reunión y la manifestación pública pacífica, y pidió acelerar el trámite de la ley estatutaria que estudia la Cámara de Representantes. Las propuestas fueron expuestas el viernes 23 de octubre de 2026, durante una audiencia pública de la Comisión Primera, en Bogotá.

La ONU sostuvo que la protesta constituye una forma legítima de participación democrática y señaló que el Estado debe garantizar las condiciones para su desarrollo seguro, en lugar de abordarla únicamente desde una perspectiva de control.

Entre sus recomendaciones, el organismo propuso establecer una presunción a favor del ejercicio del derecho a la manifestación y precisar que las interrupciones temporales de la movilidad no justifican, por sí solas, restricciones a las concentraciones pacíficas.

También pidió aplicar el principio de diferenciación. Esto significa que los actos violentos cometidos por algunas personas no deben atribuirse automáticamente al conjunto de la protesta ni implicar la pérdida de su protección jurídica. Cualquier limitación deberá cumplir los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de demostrar que es indispensable y que no existen alternativas menos lesivas.

La oficina recomendó mantener el diálogo como una herramienta permanente de prevención, y no como un requisito formal previo a una intervención policial. Según la ONU, el Estado tiene la responsabilidad de facilitar las movilizaciones incluso cuando no haya organizadores identificables.

Sobre el uso de la fuerza, recordó que debe ser excepcional y ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas. La dispersión tendría que ser el último recurso. Las armas de fuego no pueden emplearse para disolver manifestaciones ni para proteger bienes materiales, mientras que el uso intencionalmente letal solo puede justificarse para proteger una vida.

La ONU también solicitó medidas de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, así como acciones específicas para mujeres y comunidades étnicas. Además, pidió salvaguardas frente al uso indebido de datos personales y tecnologías de vigilancia, e investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre posibles abusos, con mecanismos de reparación y garantías de no repetición.