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¿Corrupción a la fuga?
Este jueves 3 de julio de 2025, desde Bogotá, la justicia colombiana dio un giro tajante: ordenó la captura y prisión preventiva de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Cerca del presidente Gustavo Petro, González enfrenta cargos que comprometen no solo su carrera, sino la confianza en una gestión pública marcada por el escándalo.
El Tribunal Superior de Bogotá tomó esta decisión ante las graves acusaciones de cohecho y peculado por apropiación en favor de terceros, vinculadas al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la Fiscalía General, González habría participado en una red que desvió más de 70.000 millones de pesos, fondos destinados a emergencias humanitarias, para beneficiar intereses políticos y personales. Su rol como director del Dapre fue clave en la adjudicación irregular de contratos y en los pagos millonarios a congresistas que supuestamente facilitaron el avance de proyectos de ley gubernamentales.
Durante la audiencia, la fiscal María Cristina Patiño advirtió un alto riesgo de fuga por parte del exfuncionario, quien actualmente permanece fuera del país, con indicios de estar en Nicaragua. La justicia ha subrayado que, pese a haber colaborado en diligencias virtuales, González carece del arraigo suficiente para garantizar su presencia en el proceso penal. Por ello, el magistrado Leonel Rogeles ordenó que la captura se ejecute de inmediato y que el traslado a un centro penitenciario sea coordinado por el INPEC sin demora.
Este caso no solo implica una denuncia constitucional, sino que abre interrogantes sobre la supervisión de recursos públicos en momentos críticos para la sociedad. La ciudadanía observa con atención, preguntándose cómo será capaz la justicia de esclarecer responsabilidades y evitar que el vacío de poder facilite nuevas sombras en la esfera pública.
Mientras tanto, la búsqueda de González continúa, al tiempo que se mantiene la esperanza de que el sistema judicial logre avanzar sin obstáculos. ¿Podrá esta decisión marcar el comienzo de un proceso transparente o será solo un episodio más en la dilatada historia de corrupción que azota al país?
