El Pacto Histórico anunció una movilización nacional para el 24 de noviembre de 2026 contra el Presupuesto General de la Nación de 2027, que quedó fijado en $634,9 billones. La bancada cuestiona el aumento de los recursos destinados al servicio de la deuda pública y al Ministerio de Hacienda, mientras denuncia reducciones en partidas para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Sena, la educación superior y varios departamentos.

La convocatoria se produjo después de que el Congreso debatiera el presupuesto y de que surgieran diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes. El Gobierno de Abelardo de la Espriella terminó expidiendo el Decreto 1599 del 22 de octubre de 2026, luego de que las corporaciones no conciliaran esas diferencias dentro del plazo legal.

El Pacto Histórico calificó el trámite como una aprobación «a pupitrazo» y sostuvo que la distribución de los recursos no responde adecuadamente a las necesidades de inversión social y territorial. Sin embargo, sus cifras y conclusiones corresponden a la posición de la bancada y deben contrastarse con la distribución oficial del presupuesto y las explicaciones del Gobierno.

¿Por qué el Pacto Histórico convocó a una movilización?

La bancada anunció la protesta para rechazar lo que considera una priorización del pago de la deuda y de determinados gastos del Gobierno frente a la inversión social. También cuestionó la falta de claridad sobre algunas partidas presupuestales y el procedimiento que terminó con la expedición del presupuesto por decreto.

La convocatoria se suma a las acciones políticas y jurídicas anunciadas por la oposición frente a la distribución de los recursos de 2027. Entre sus principales cuestionamientos están el crecimiento del servicio de la deuda, los ajustes en el presupuesto de la JEP y las reducciones que, según sus cálculos, afectan al Sena, la educación superior y las inversiones regionales.

El presupuesto quedó establecido en $634,9 billones. Aunque el Congreso había aprobado el proyecto en sus plenarias, las diferencias entre los textos del Senado y la Cámara impidieron completar el procedimiento legislativo como una ley. Por esa razón, el Ejecutivo recurrió al mecanismo previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

La deuda pública, uno de los principales puntos de controversia

El Pacto Histórico sostiene que los recursos destinados al servicio de la deuda aumentaron de $100,4 billones en 2026 a $147,1 billones en 2027. Según la bancada, el incremento representa aproximadamente un 46% y concentra una proporción significativa del presupuesto nacional.

Los congresistas también cuestionaron las modificaciones efectuadas durante el trámite. De acuerdo con su comunicado, el Ministerio de Hacienda realizó operaciones de canje de títulos de tesorería (TES) por $19,8 billones y retiró $17,4 billones de vencimientos correspondientes a 2027. La bancada sostiene que la reducción presupuestal aplicada a ese rubro fue de $8,36 billones y pide aclaraciones sobre la diferencia.

Estas cifras forman parte de los argumentos de la oposición. Para establecer si existen recursos presupuestados que ya no corresponden a vencimientos de 2027, es necesario contrastar el calendario actualizado de la deuda, las operaciones financieras realizadas y las apropiaciones definitivas.

El debate también debe considerar que el servicio de la deuda incluye obligaciones que el Estado debe atender conforme a sus compromisos financieros. Por ello, el aumento de esa partida no demuestra, por sí solo, que los recursos se estén asignando de manera irregular, aunque sí permite examinar cómo condiciona la disponibilidad presupuestal para otros sectores.

¿Aumentó el presupuesto del Ministerio de Hacienda?

La bancada cuestionó que el Ministerio de Hacienda recibiera una proporción importante de los recursos adicionales frente al proyecto presupuestal presentado por el anterior Gobierno. Según el comunicado del Pacto Histórico, de un aumento cercano a $59 billones frente a aquella propuesta, $29 billones corresponderían al servicio de la deuda y $16,6 billones al Ministerio de Hacienda.

También denunció una bolsa de $3,9 billones sin proyectos definidos y señaló que el presupuesto de funcionamiento de esa cartera crecería $2,15 billones, un aumento del 37% frente a 2026.

Estas afirmaciones requieren distinguir entre el presupuesto total administrado por el Ministerio, sus gastos de funcionamiento y los recursos que la entidad gestiona para cumplir obligaciones financieras del Estado. No todo el dinero que aparece dentro de una sección presupuestal corresponde necesariamente a gastos administrativos propios de la entidad.

La bancada pidió explicaciones sobre las partidas que considera insuficientemente detalladas y sobre los mecanismos que permitirían distribuir recursos durante la vigencia fiscal. El alcance de esos cuestionamientos depende de la redacción definitiva del decreto presupuestal y de las normas que regulan la ejecución y los traslados de apropiaciones.

La reducción presupuestal de la JEP también genera debate

Uno de los puntos más sensibles es el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Según las cifras citadas por el Pacto Histórico, la inversión de la entidad pasaría de $189.521 millones a $34.119 millones, una reducción aproximada del 82% en ese componente.

La bancada también denunció un ajuste total de $181.402 millones, resultado de una disminución inicial de $170.000 millones y de otro ajuste de $11.402 millones que se trasladaría al Ministerio de Defensa.

El Gobierno, por su parte, afirmó que la reducción presupuestal de la JEP no afectaría el funcionamiento de la entidad ni el cumplimiento de sus funciones misionales. Esa diferencia de interpretaciones es central: una disminución en una partida de inversión no equivale automáticamente a una reducción del mismo porcentaje en todo el presupuesto ni demuestra, por sí sola, que la entidad dejará de cumplir sus responsabilidades.

Para determinar las consecuencias reales será necesario revisar la distribución final entre funcionamiento e inversión, los proyectos afectados y los recursos disponibles para investigaciones, procesos judiciales, atención a víctimas y otras funciones de la jurisdicción.

El Sena y la educación superior, entre los rubros cuestionados

El Pacto Histórico también denunció cambios en los recursos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Según la bancada, durante una etapa del trámite se habían restituido $500.000 millones destinados a centros de formación, pero esa modificación fue retirada posteriormente.

En educación superior, los congresistas afirmaron que la inversión del Ministerio de Educación tendría una reducción neta de $310.000 millones y cuestionaron que no se hubiera precisado el impacto sobre la política de gratuidad educativa.

Para evaluar estas denuncias se debe revisar el presupuesto definitivo de cada entidad y distinguir las partidas de inversión de los recursos de funcionamiento. También es necesario establecer qué programas y proyectos resultan afectados, pues una variación presupuestal agregada no permite determinar por sí sola sus consecuencias sobre cada institución educativa o centro de formación.

¿Qué puede pasar con la inversión en los departamentos?

La bancada afirmó, con base en cifras que atribuye al Departamento Nacional de Planeación (DNP), que 14 departamentos recibirían en 2027 menos inversión real que en 2026. De esos territorios, nueve pertenecerían a zonas cubiertas por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados para atender regiones especialmente afectadas por el conflicto armado.

El Pacto Histórico también señaló que la inversión pasaría de representar el 16,1% al 14,9% del presupuesto nacional. Según sus cálculos, al excluir determinadas bolsas de recursos y subsidios de energía de la comparación, la inversión registraría una caída real del 6%.

Estas cifras deben leerse teniendo en cuenta la diferencia entre valores nominales y reales. Para determinar si un departamento recibirá menos recursos en términos reales, es necesario comparar las asignaciones regionalizadas de ambas vigencias, ajustar por inflación y revisar qué proyectos tienen financiación prevista.

El debate es especialmente relevante para las regiones que dependen de recursos nacionales para ejecutar obras de infraestructura, programas sociales e iniciativas relacionadas con la implementación de los acuerdos de paz.

El presupuesto quedó fijado por decreto

La movilización anunciada para el 24 de noviembre se realizará después de que el Gobierno expidiera el Decreto 1599 de 2026, por $634,9 billones. La decisión se tomó tras no alcanzarse una conciliación entre las versiones aprobadas por Senado y Cámara.

El artículo 161 de la Constitución establece un procedimiento para resolver las discrepancias entre las cámaras mediante comisiones de conciliación. Por su parte, el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto contempla el mecanismo aplicable cuando el Congreso no expide oportunamente el presupuesto.

Así, el presupuesto de 2027 quedó establecido mediante decreto, aunque la controversia política y jurídica sobre el trámite y la distribución de los recursos continúa. El Pacto Histórico anunció la movilización para expresar su rechazo y exigir explicaciones sobre las partidas que considera perjudiciales para la inversión social y territorial.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo será la movilización del Pacto Histórico contra el presupuesto de 2027?

La bancada anunció una movilización nacional para el martes 24 de noviembre de 2026, en rechazo a la distribución de los recursos del Presupuesto General de la Nación.

¿Cuánto dinero tendrá el Presupuesto General de la Nación de 2027?

El presupuesto quedó fijado en $634,9 billones mediante el Decreto 1599 del 22 de octubre de 2026, después de que Senado y Cámara no lograran conciliar las diferencias entre sus textos.

¿Qué sectores cuestiona el Pacto Histórico por las reducciones presupuestales?

La bancada ha señalado reducciones en componentes de la JEP, el Sena, la educación superior y la inversión regional. El impacto definitivo debe verificarse mediante las apropiaciones aprobadas para cada entidad, sus programas y sus proyectos.