Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, denunció públicamente que su hijo menor de edad recibió una serie de mensajes intimidatorios con amenazas de muerte a través de WhatsApp. El activista político responsabilizó al presidente Abelardo de la Espriella por cualquier agresión que pueda sufrir su familia y solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación para identificar al presunto autor de las intimidaciones.

Mensajes amenazantes dirigidos a un menor

Según relató Coral, las intimidaciones se dirigieron específicamente a su hijo Juan Manuel, quien tiene 12 años. En su cuenta de la red social X, el creador de contenido compartió capturas de pantalla de la conversación recibida en el teléfono celular del menor. Los mensajes contienen insultos y amenazas directas contra el activista, con frases como “Te vas a morir. Perro. Ladrón. Morirás”. Ante esta situación, Coral aclaró en el mismo chat que el número no pertenece a él, sino a su hijo: “Hola, este es el celular de Juan Manuel, mi hijo, y tiene 12 años”.

Responsabilidad política y llamado a la Fiscalía

El activista atribuye estas amenazas a sus críticas hacia el presidente Abelardo de la Espriella, a quien responsabilizó públicamente del riesgo que enfrenta su núcleo familiar. En sus redes sociales, Coral calificó al mandatario como “defensor de mafiosos” y advirtió sobre las consecuencias que podrían derivarse para su familia. A pesar de esta acusación directa, no se ha confirmado oficialmente la participación del presidente o funcionarios del Gobierno en el envío de los mensajes. Por ello, hizo un llamado explícito a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones necesarias y pueda identificar al autor de las intimidaciones, cuestionando la capacidad del ente investigador para actuar teniendo nombres y números telefónicos.

Contexto de seguridad y retiro del esquema de protección

Este episodio se suma a una serie de denuncias previas realizadas por Beto Coral sobre situaciones de intimidación y cuestionamientos al Estado por la seguridad personal que le brinda. Recientemente, criticó el retiro de su esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras su regreso a Colombia en julio de 2026, luego de abandonar una solicitud de asilo en Estados Unidos y ser deportado. Aunque tenía plazo para impugnar esta decisión, Coral anunció que no presentaría recursos, pero destacó que esta medida afecta no solo a él sino también a su familia. Su madre, Luz Mery Garrido, emitió un comunicado en el que manifestó preocupación por las amenazas y persecución contra su hijo y el núcleo familiar, confiando en la protección divina ante esta situación.

La UNP indicó que tras el retorno del activista se realizó un análisis sobre su situación de seguridad, aunque sin revelar detalles para protegerlo. La asignación inicial del esquema generó cuestionamientos internos por la rapidez y falta de un estudio público previo. El retiro del esquema y las nuevas amenazas contra el hijo del activista se interpretan como parte de una escalada de hostigamiento. Hasta ahora, no se han reportado capturas ni avances oficiales en la investigación. Este caso refleja una preocupación creciente por el uso de plataformas digitales para enviar amenazas y por la seguridad de figuras públicas y sus familias en Colombia.