📸 Cortesía: Policía Nacional de Colombia
El presidente Gustavo Petro confirmó la firma de la extradición de Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, hermano de la exsenadora Piedad Córdoba, quien enfrenta investigaciones de la DEA por presuntos vínculos con narcotráfico y el Cartel de los Soles.
La captura de Córdoba Ruiz, de 66 años, se dio el 2 de febrero de 2022 en Medellín, bajo orden del Fiscal General de Colombia y con solicitud de extradición por parte de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Está acusado de conspiración para importar cocaína y fue condenado a 14 años de prisión en mayo de 2024 en Estados Unidos, donde se encuentra detenido actualmente en un centro penitenciario en Texas. Su extradición se concretó en enero de 2023 tras la autorización del Gobierno nacional.
La investigación de la DEA se inició en marzo de 2020 con una operación encubierta en Bogotá que involucra más de 300 encuentros y comunicaciones grabadas por un año. Los registros judiciales indican que Córdoba utilizó diversas conexiones políticas y logísticas para facilitar envíos de cocaína desde Venezuela hacia territorio estadounidense y México, con apoyo de integrantes del Cartel de los Soles y disidencias de las FARC. Además, participó en demostraciones de capacidad para abastecer cocaína a fuentes encubiertas.
“Estamos frente a un caso complejo de narcotráfico transnacional en el que usó influencia y logística para consolidar el tráfico ilegal”, manifestó una fuente oficial de la Fiscalía. “Seguimos atentos a la judicialización para cumplir con las obligaciones internacionales y la ley nacional”, agregó.
De acuerdo con las investigaciones, se registraron comunicaciones que vinculan indirectamente a la exsenadora fallecida Piedad Córdoba con miembros del Cartel venezolano, aunque sin pruebas suficientes para imputarle cargos. Ante esta situación, la defensa de Álvaro Córdoba ha solicitado ante tribunales una reducción de pena y hasta deportación argumentando rol marginal y motivos de salud personal.
La Dirección General de Antinarcóticos y la Fiscalía de Estados Unidos continúan monitoreando el caso mientras se atienden los recursos legales presentados. La Presidencia reiteró el compromiso con la lucha contra el tráfico ilícito y recordó que esta extradición hace parte de cerca de 700 casos judiciales en proceso con conexos en Estados Unidos.
Se espera que las autoridades mantengan la vigilancia y reactiven campañas de prevención para mitigar riesgos asociados en ambientes políticos sensibles a esta red de narcotráfico. La comunidad está llamada a denunciar cualquier contacto con estructuras criminales vinculadas a esta trama.
