El intento por acercar a Miguel Andrés Quintero Calle a una cárcel de Antioquia volvió a estrellarse contra un muro judicial. Una jueza administrativa de Medellín declaró improcedente una nueva acción de tutela presentada por una veeduría ciudadana, por lo que el procesado deberá continuar recluido en la cárcel El Barne, en Cómbita, Boyacá.

La determinación fue tomada el 18 de noviembre por el Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral de Medellín, que negó el recurso interpuesto por la Veeduría Ciudadana Dignidad y Derechos Humanos, encabezada por Cecilia Quiroz.

Al revisar el expediente, el despacho concluyó que la accionante no cumplió con el requisito de legitimación en la causa por activa; en otras palabras, no acreditó tener facultad legal para reclamar derechos en nombre de Quintero bajo los argumentos expuestos, motivo suficiente para declarar improcedente la tutela.

¿Qué pretendía la veeduría con el recurso?

La acción constitucional había sido radicada el 9 de noviembre de 2026 contra el Inpec. En el escrito, Cecilia Quiroz aseguró actuar tanto en representación de la veeduría como en calidad de agente oficiosa de Miguel Andrés Quintero Calle.

El objetivo era lograr el amparo de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la dignidad humana, la igualdad, la seguridad y la unidad familiar, además de pedir garantías sobre sus condiciones de reclusión y el derecho de su hija menor de edad a mantener el vínculo cercano con su padre.

Aunque el mismo 9 de noviembre el juzgado admitió inicialmente la tutela, negó una medida provisional y le pidió explicaciones al Inpec, tras evaluar de fondo el caso terminó cerrando la puerta al amparo el 18 de noviembre.

La pulla desde el Concejo de Medellín

Tras conocerse el fallo, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, cuestionó que una veeduría ciudadana utilizara una herramienta constitucional para intentar gestionar cambios en las condiciones de reclusión de Quintero.