Cortesía D.R.A
Liberados cabecillas de bandas delincuenciales en Medellín por política de “paz total”
En Medellín, siete cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá recuperaron su libertad gracias a una decisión de la Fiscalía, respaldada por el Gobierno Nacional, como parte de la política de “paz total”. Además, otras 23 órdenes de captura fueron suspendidas, después de una revisión conjunta con instancias del gobierno central que tiene como foco promover los actuales diálogos instalados en la cárcel La Paz de Itagüí.
La medida permitió la salida de figuras clave del crimen organizado, entre ellas Carlos Alejandro Mejía Pineda, conocido como alias Queso o Pálido, líder de la banda Caicedo en barrios como Buenos Aires y La Candelaria, y de Juan Pablo Taborda Zamora, alias Yordi, quien fue liberado el 19 de junio de 2025. La decisión se da justo cuando las cifras policiales alcanzan 141 personas detenidas este año por vinculación con actividades extorsivas, mostrando un aumento del 18% frente al registro del año anterior. Operativos recientes también permitieron la captura de 21 miembros de la banda Los Caicedo el 2 de septiembre de 2025 en zonas urbanas importantes.
Las liberaciones fueron posibles tras determinaciones judiciales respaldadas por decisiones de la Corte Constitucional y reportes del Alto Comisionado para la Paz, organismo que amparó la intervención abordando el Derecho Constitucional a la paz. Desde el 2 de junio de 2023, voceros de 16 estructuras delincuenciales del Área Metropolitana, incluidas La Terraza, La Oficina y Los Triana, participan en la mesa de diálogo. Las reuniones cuentan con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y contemplan eventuales fortalezas con países garantes.
Estos movimientos hacen parte de un programa que prioriza reducir enfrentamientos y abrir rutas de carácter sociojurídico para responsables de delitos de concierto para delinquir, extorsión y homicidio. Según el reporte oficial al cierre de marzo de 2026, las autoridades planean mantener investigaciones, operativos y procesos de carácter identificatorio mientras avanzan en pilotos y protocolos contra la extorsión y la violencia urbana.
