Cortesía D.R.A
¿Justicia o política en la tarima de Medellín?
Este lunes 23 de febrero de 2026, el Consejo de Estado de Colombia se enfrentó a una nueva polémica que desafía el equilibrio entre la política y la justicia. La senadora Isabel Zuleta, figura clave del Pacto Histórico, vio cómo la Procuraduría General de la Nación salió en su defensa para impedir la pérdida de su investidura, luego de las críticas por su papel en el llamado “tarimazo” de Medellín.
El origen del debate se remonta al 21 de junio de 2025, en la Plaza de La Alpujarra, Medellín. Ese día, el presidente Gustavo Petro compartió escenario con voceros de estructuras criminales recluidos en la cárcel de Itagüí, como líderes de bandas del Valle de Aburrá, durante el evento “Un pacto por la Paz Urbana”. Fue Zuleta la encargada de gestionar, mediante un oficio dirigido al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el traslado temporal de internos como José Muñoz Martínez y Carlos Mesa Vallejo para asistir al acto.
Para la Procuraduría, esta gestión fue legítima y se encontraba dentro de las funciones constitucionales de la senadora, quien desde noviembre de 2024 coordina el Espacio de Conversación Sociojurídico para la Paz Urbana. No encuentra indicios de tráfico de influencias ni de extralimitación, aclarando que la responsabilidad sobre el traslado correspondió al INPEC. Durante la audiencia, Zuleta defendió su papel, afirmando que solo remitió una solicitud formal sin decidir sobre la logística del movimiento.
El evento, sin embargo, desató una tempestad política y social en Medellín. Mientras el Gobierno celebraba los avances en la “Paz Total”, reflejados en la reducción de homicidios en el Valle de Aburrá, voces críticas como el concejal Alejandro de Bedout y el alcalde Federico Gutiérrez denunciaron un posible abuso de poder y exigieron una investigación exhaustiva. La oposición insistió en que la presencia de “capos” en un acto público vulnera la separación de poderes y compromete la institucionalidad.
Las demandas por la pérdida de investidura, impulsadas principalmente por concejales opositores, ahora enfrentan el escrutinio del Consejo de Estado. Los medios como El Colombiano y Caracol Radio indican que este tribunal deberá ponderar con detenimiento los fundamentos legales y políticos antes de emitir un fallo definitivo.
Este episodio no es un hecho aislado, sino parte de un escenario más amplio de tensiones en torno a la política de Paz Total. Recientemente, el 9 de febrero de 2026, Itagüí fue sede del anuncio de un “acuerdo condicionado” que procura la irreversibilidad de los diálogos, a pesar de las resistencias y desafíos legislativos pendientes.
¿Podrá la justicia navegar estas aguas turbulentas sin quedar atrapada en juegos políticos? A partir de ahora, la respuesta la tendrá el Consejo de Estado, mientras la sociedad colombiana observa con atención y espera claridad sobre los límites entre la palabra, el poder y la ley.
