La Superintendencia de Sociedades ha formulado dos pliegos de cargos contra la empresa de entrega a domicilio Rappi, por presuntos incumplimientos en normas de prevención y ética empresarial. Estos pliegos de cargos se basan en las facultades otorgadas por la Ley 222 de 1995, que permite a la Superintendencia imponer sanciones de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales en caso de confirmarse los incumplimientos.
Los pliegos de cargos se fundamentan en el aparente incumplimiento de las disposiciones establecidas en el Capítulo X y el Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica. El primero se refiere al régimen que deben seguir las empresas en la gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como en el reporte de operaciones sospechosas. Por otro lado, el Capítulo XIII establece las obligaciones de las empresas para implementar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
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Con estos pliegos de cargos, la Superintendencia de Sociedades busca determinar si Rappi ha incumplido sus obligaciones en alguno de estos aspectos y, en caso afirmativo, qué sanciones serían apropiadas. La entidad ha manifestado su compromiso de verificar el cumplimiento de las directrices en materia de autocontrol y gestión del riesgo integral, con el objetivo de prevenir consecuencias negativas para la economía del país y para las compañías.
