Cortesía Revista Semana – Alcaldía de Medellín – D.R.A
Revelan versión de Angie Rodríguez sobre la salida del general Triana y causa controversia en Antioquia
Las declaraciones emitidas el 22 de abril de 2026 en Medellín por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y actual gerente nacional del Fondo de Adaptación, provocaron polémica regional al afirmar que la salida del general Carlos Fernando Triana de la Policía Nacional obedeció a rumores sobre una supuesta reunión con el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez. Oficialmente, el presidente Gustavo Petro anunció la remoción de Triana el 17 de octubre de 2025, argumentando fallas en operaciones tras la masacre de trece policías en Amalfi el 21 de agosto de ese año.
Dentro de los detalles relevantes, la salida de Triana fue presentada tras ocho meses en el cargo, luego de una masacre registrada en Guamocó entre Cocorná, Amalfi y Segovia, identificada como área de operaciones del ELN. Rodríguez plantea que la motivación real estaría ligada a informaciones internas sobre Nabores y posibilidades de una alianza con mandos territoriales, situación agravada por insistencia del entorno presidencial respecto a trasega y mando institucional. No hubo reporte oficial sobre nuevas investigaciones administrativas tras la denuncia radiofónica.
El Gobierno consolidó su versión al reportar antecedentes inmediatamente en las fechas siguientes a la emergencia, incluyendo reuniones del Consejo de Ministros y documentos del Departamento Presidencial. En los reportes de las autoridades nacionales, además, se mencionó seguimiento disciplinario interno pero no la actividad municipal atribuida por fuentes legítimas, según protocolos usuales de divulgación para reemplazo de mandos policivos de alto nivel.
Durante los tres primeros años del actual Gobierno se hicieron ajustes con tres cambios en la directiva policial del país. La masacre de 21 de agosto resultó atribuida por la administración a fallos de planeación e inteligencia, pues existía alerta previa sobre artefactos explosivos instalados; en tanto, los operativos y manifestaciones institucionales en respuesta a las críticas han seguido bajo planes de estímulo legislativo en seguridad pública.
