Dos meses después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el occidente de Colombia el 10 de agosto de 2026, la reconstrucción avanza con demoras mientras el Fondo Milagro, creado para centralizar los recursos de respuesta y recuperación, apenas empieza a operar. El sismo dejó cerca de 487.000 personas afectadas y más de 300 muertos, según el balance citado por El País.
La emergencia impactó principalmente a Risaralda, Chocó y Valle del Cauca, además de otros municipios incluidos en la declaratoria de emergencia nacional. En varias zonas continúan las necesidades de vivienda, infraestructura y servicios esenciales, mientras las autoridades completan los diagnósticos técnicos y definen las prioridades para ejecutar las obras.
El Fondo Milagro fue creado mediante el Decreto 1379 del 9 de septiembre de 2026 como un patrimonio autónomo destinado a financiar la asistencia humanitaria, la recuperación, la rehabilitación, la reconstrucción y la reactivación económica. Sin embargo, durante varias semanas funcionó sin gerente ni consejo directivo plenamente instalados, una situación que retrasó la puesta en marcha del mecanismo, según reportaron El País y El Colombiano.
El Gobierno informó que la fiducia encargada de administrar los recursos quedó constituida el 5 de octubre y anunció una primera disponibilidad de un billón de pesos para atender la emergencia e iniciar la reconstrucción. También prevé contratar otros 2,7 billones de pesos en noviembre, aunque esos recursos aún dependen de su formalización presupuestal y contractual.
Entre las primeras acciones está la demolición de 60 inmuebles en Cali. El Ministerio de Vivienda anunció, además, recursos para 1.462 mejoramientos de vivienda y la construcción de 741 viviendas rurales, así como ayudas directas para las familias damnificadas.
La lentitud del proceso obedece a la necesidad de completar evaluaciones técnicas, ordenar las prioridades territoriales y establecer la estructura de gobierno del Fondo Milagro antes de comprometer recursos públicos. La ejecución se desarrolla bajo la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno tras el terremoto.
