📸 Cortesía: Diego Cuevas / D.R.A.
En las últimas horas se conocieron facturas electrónicas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que ponen en duda los títulos académicos de Juliana Guerrero, conocida por su cercanía con el presidente Gustavo Petro. Los documentos revelan pagos relacionados con títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, otorgados por la Fundación Universitaria San José con fecha de grado del primero de julio de 2025.
Solo en el registro electrónico se ubicaron facturas posteriores al supuesto día de grado, entre ellas una por un millón de pesos correspondientes a derecho de grado y otras dos por derechos de matrícula fechadas el 29 de julio por valores superiores a los dos y cuatro millones de pesos. Esta situación contradice la versión oficial de la Fundación San José, que señaló que Guerrero nunca cursó estudios regulares, anulando posteriormente sus títulos por incumplimiento de requisitos académicos como asistencia y pruebas Saber Pro, y notificando la Fiscalía desde 2025.
Jennifer Pedraza, representante a la Cámara y autora de la denuncia, calificó estos pagos como “inusuales” y aseguró que podrían ser parte de un mecanismo para dar apariencia de legalidad a títulos obtenidos sin haberse completado debidamente. La incertidumbre sobre el caso tuvo impacto directo al impedir que Juliana Guerrero asumiera el cargo de Viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad el pasado año.
El caso también vinculó al hallazgo de al menos 24 funcionarios públicos y contratistas del Gobierno de Gustavo Petro que tendrían títulos irregulares expedidos por la misma institución universitaria sin aprobación en las pruebas Saber Pro, afectando entidades como el SENA, Invima, DANE, Aerocivil, entre otras con contratos que sumarían más de 1.100 millones de pesos entre 2023 y 2025. La denuncia fue presentada ante la Contraloría y Procuraduría, descrita como “la punta del iceberg” de un sistema de irregularidades largamente observado.
El Ministerio de Educación mantiene abierta una investigación desde noviembre de 2025 para determinar la legalidad de las titulaciones expedidas. Por su parte, Jessie Pedraza pidió avances irestrictos y anunció próximas acciones judiciales, llamando la atención sobre que las irregularidades detectadas descalifican a Guerrero para ocupar cargos públicos y educativos. La Fundación la San José afirmó que implementó controles para corregir procesos y aseguró que los directivos no incurrieron en irregularidades.
Juliana Guerrero, oriunda de Valledupar, tiene 23 años y logró una rápida carrera política respaldada en su trabajo activista y apoyo cercano al presidente. Tras la revelación se apartó su aspiración oficial y la Presidencia eliminó su hoja de vida del sistema de convocatorias como respuesta a las anomalías comprobadas y confirmadas por documentos fiscales y reportes oficiales. Las autoridades continuarán las investigaciones para esclarecer totalmente el caso.
