El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró en desacato a la alcaldesa de Bello, Yulieth Lorena González Ospina, y le impuso una multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con el acceso al agua potable en Granizal. La decisión fue adoptada el 29 de septiembre de 2026 por la Sala Séptima de Decisión, debido a que el municipio aún no cuenta con una solución estructural definitiva para la comunidad, aunque mantiene mecanismos provisionales como el suministro mediante carrotanques.

La multa todavía no está en firme

Según expertos en derecho, de quedar en firme esta decisión, la sanción deberá ser pagada con el patrimonio personal de la alcaldesa y no con recursos de la Alcaldía de Bello. Sin embargo, el cobro no es inmediato: la providencia debe superar los trámites de impugnación y el grado de consulta ante el Consejo de Estado.

La Alcaldía de Bello anunció que utilizará los mecanismos jurídicos disponibles para controvertir la decisión y presentará sus argumentos ante el Consejo de Estado. Por esta razón, la multa no debe presentarse como definitiva mientras no concluya el trámite correspondiente y la decisión quede ejecutoriada.

La sanción equivale a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El expediente será remitido al Consejo de Estado para que se surta el grado de consulta, procedimiento que permitirá revisar la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Una disputa judicial que comenzó en 2019

El caso se origina en una acción judicial promovida por habitantes de Granizal para reclamar la protección de su derecho fundamental al agua. En 2019, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó adoptar medidas para garantizar ese derecho en la zona.

Un año después, en 2020, el Consejo de Estado confirmó las órdenes y dispuso que las autoridades avanzaran hacia soluciones estructurales, entre ellas la construcción de sistemas de acueducto y alcantarillado. Si esas obras no fueran técnicamente viables, las entidades debían evaluar la reubicación de la población en un lugar con acceso efectivo a los servicios públicos.

El desacato analizado por el Tribunal no significa que el municipio no haya implementado ninguna medida de abastecimiento. La discusión está relacionada con el incumplimiento de la solución permanente ordenada por los jueces. La comunidad continúa recibiendo agua mediante carrotanques, tanques y otros mecanismos temporales, pero estos no sustituyen un acueducto formal con prestación continua.

Las dificultades que enfrenta la comunidad

Según el reporte periodístico, en distintos sectores de Granizal persisten problemas relacionados con la calidad, la continuidad y el transporte del agua. Los habitantes han denunciado el uso de agua sin garantías suficientes de potabilidad, interrupciones en el suministro y la necesidad de trasladar manualmente recipientes por vías en malas condiciones.

La situación afecta de manera particular a restaurantes, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. En algunos establecimientos, los responsables deben filtrar el agua antes de utilizarla, mientras que en zonas como Altos de Oriente los tanques pueden permanecer vacíos y obligar a los residentes a recorrer largas distancias para conseguir el líquido.

El debate sobre los recursos para una solución definitiva

El Tribunal habría considerado relevante que los estudios necesarios para definir la alternativa técnica de solución tendrían un costo de varios miles de millones de pesos. Según el informe periodístico, esos recursos no fueron gestionados ni presupuestados por la administración municipal en las vigencias fiscales de 2024, 2025 y 2026.

El mismo reporte indica que el municipio sí ha destinado varios miles de millones de pesos al suministro de agua mediante carrotanques. Para la decisión judicial reseñada, esos gastos corresponden a una respuesta provisional y no demuestran el cumplimiento de la orden orientada a garantizar una solución estructural para Granizal.

Preguntas frecuentes

¿Por qué sancionaron a la alcaldesa de Bello por el caso del agua en Granizal?

El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró en desacato a la alcaldesa Yulieth Lorena González Ospina por el incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con una solución estructural de agua potable para Granizal. La sanción corresponde a una multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

¿La multa contra la alcaldesa de Bello ya es definitiva?

No. La decisión todavía debe superar los trámites de impugnación y el grado de consulta ante el Consejo de Estado, por lo que la multa no está en firme ni puede considerarse definitiva.

¿Por qué los carrotanques no son considerados una solución definitiva para Granizal?

Los carrotanques, tanques y otros mecanismos temporales permiten abastecer de agua a la comunidad, pero no sustituyen un acueducto formal con prestación continua. Las órdenes judiciales contemplan avanzar hacia una solución estructural, como sistemas de acueducto y alcantarillado, o evaluar la reubicación si las obras no son viables.