Cortesía Presidencia de la República
Tribunal de Cundinamarca confirma sanción por desacato contra presidente Petro por no retractarse ante González Montaño
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sanción por desacato impuesta al presidente Gustavo Petro, quien tendrá que pagar una multa de 10 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a $17.509.050, por incumplir la orden de retractarse de las declaraciones contra Jaime Miguel González Montaño, representante legal de la EPS Coosalud. La decisión se tomó en el grado de consulta y modificó la sanción inicial fijada por el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá, que había impuesto una multa mayor de 15 salarios mínimos.
Según consta en el expediente judicial, la disputa tuvo origen en julio de 2025, cuando, en una alocución pública, el mandatario señaló al exgerente de Coosalud por supuestos hechos de corrupción relacionados con el manejo de más de $200.000 millones en la salud. El Tribunal había ordenado el 11 de noviembre de 2025 que Petro ofreciera retractación y excusas públicas en un plazo máximo de cinco días y con la advertencia de no reiterar dichos señalamientos. La multa definitiva corresponde a 10 salarios mínimos y debe ser pagada en el Banco Agrario dentro de los cinco días siguientes, con destino a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, debiendo acreditar su cumplimiento ante el juzgado.
Las autoridades competentes aseguran que las decisiones administrativas se tramitaron ante los estrados de Bogotá por el Juzgado 24 Administrativo del Circuito y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respetando los protocolos. Tras reportarse el presunto desacato al no presentar retractación y persistir públicamente en sus señalamientos, el juzgado abrió el incidente relevante, elevó la sanción para análisis en consulta y fue ajustada por el tribunal, persistiendo la obligación que pesa sobre el mandatario.
El presidente enfrenta los efectos derivados de una tutela por derechos relacionados con la honra, buen nombre y debido proceso de González Montaño, quien emprendió las acciones luego de las acusaciones de corrupción. Al corte del proceso, permanece vigente la llamada de atención de los estrados judiciales al cumplirse las condiciones de una orden emitida a raíz de la reacción pública del presidente.
