Cortesía D.R.A
Alerta máxima en la elecciones: 45 municipios suben a riesgo inmediato
Un escalofrío recorre las urnas.
Bogotá, 23 de febrero de 2026. La Defensoría del Pueblo llevó la voz de alarma a un nivel aún más grave: 45 municipios del país han pasado de una alerta “urgente” a una de “acción inmediata”. Con este reajuste, ya son 69 los territorios que enfrentan un riesgo crítico, apenas semanas antes de las cruciales elecciones legislativas del 8 de marzo y presidenciales del 31 de mayo.
El informe, divulgado este lunes y conocido a través de Caracol Radio, señala un empeoramiento en la seguridad que afecta a municipios distribuidos en múltiples regiones, desde Antioquia hasta Guainía. Ciudades y pueblos como Santa Marta, Ibagué, Pasto y Florencia encabezan esta lista alarmante que revela una sombra creciente sobre la democracia en el país. La Defensoría clasifica actualmente los municipios electoralmente en cinco categorías: 69 en acción inmediata, 168 urgentes, 433 prioritarios, 195 con observación permanente y 257 bajo acción ordinaria.
Detrás de esta escalada está una violencia estructural que no distingue rostros ni cargos. Amenazas, atentados y homicidios selectivos han marcado un clima de intimidación que pesa especialmente sobre candidatos, firmantes del acuerdo de paz, mujeres víctimas de violencia de género, defensores de derechos humanos, periodistas y funcionarios públicos. La restricción a la movilidad y la prohibición de actividades proselitistas en zonas bajo control de grupos armados ilegales completan un cuadro sombrío que erosiona la confianza en el proceso electoral.
Este nuevo panorama empeora un escenario ya complejo desde octubre de 2025, cuando la Defensoría emitió su primera alerta temprana identificando 649 municipios en alto riesgo. La Misión de Observación Electoral, por su parte, advierte sobre un aumento del 85% en municipios en riesgo “extremo” por violencia, además de señalar una preocupante coincidencia entre violencia y fraude en 170 territorios, afectando incluso las curules de paz.
El Estado ha respondido con el Comité Intersectorial para la Protección y Reactivación de Territorios (CIPRAT), que busca articular esfuerzos en 1.122 municipios para proteger el voto y prevenir el conflicto. Sin embargo, la discrepancia en cifras genera inquietud: mientras la Defensoría habla de un riesgo alarmante, el Gobierno reportaba en octubre poco más de un centenar de municipios en peligro.
Frente a la tormenta, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a fortalecer la coordinación institucional. El tiempo apremia para que la voz del pueblo se exprese libre, segura e incluyente. Pero la pregunta que late es inevitable: ¿será posible salvar estas elecciones de las sombras que insisten en crecer? La incertidumbre persiste mientras la campaña avanza y los ciudadanos esperan, quizás con temor, que el despliegue institucional alcance a apagar el fuego que amenaza con consumir su voto.
